Educación deja que cada autonomía decida si los menores de seis años vuelven a las aulas

La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha reunido con las comunidades autónomas para afrontar en qué condiciones se vuelve a las aulas después de que las autonomías le hayan pedido una posición clara y común en toda España sobre un retorno que permita cumplir con las garantías sanitarias. Uno de los asuntos que se han abordado ha sido la vuelta a la actividad académica de los alumnos de Infantil, después de la preocupación expresada por la comunidad educativa ante la imposibilidad de que en la franja de edad de cero a seis años sea imposible cumplir el distanciamiento y normas de higiene de autoprotección. En este sentido, Celaá ha dejado en manos de las comunidades autónomas que sean las que decidan si estos menores vuelven a las aulas a partir del 25 de mayo, tal y como está previsto, en las comunidades que pasan a la segunda fase de la desescalada o si definitivamente no vuelven hasta septiembre. No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas han expresado su rechazo a que los menores se incorporen a la actividad académica y lo han expuesto abiertamente durante la reunión. Algunas como Madrid, aún no han tomado una decisión definitiva. Así que habrá autonomías en las que los pequeños vuelvan, otras en las que sólo las que titular y otras en las que no vuelva ningún alumno hasta septiembre.

Retorno desigual en las autonomías

Así, la vuelta a las aulas será “excepcional” en Cantabria y a partir del 8 de junio solo para 2º de Bachillerato y quienes titulen en FP; Castilla y León aplicará la desescalada con las pautas del Gobierno; Asturias prevé la vuelta voluntaria a las clases del alumnado de segundo curso de Bachillerato y del último curso de FP en Fase 2, Aragón permitirá la vuelta a estos alumnos también, pero sólo con cita previa, para resolver dudas, mientras que las escuelas infantiles de ayuntamientos y privadas podrán abrir en la fase 2, sólo si sus titulares lo consideran oportuno. En Valencia también vuelven solo los de Segundo de Bachillerato y los que titulan en FP de manera opcional y voluntaria, mientras que en Baleares, los alumnos retomarán las clases presenciales el próximo curso.

Respecto a la vuelta al cole en septiembre y cómo reducir el aforo de las clases a 15 alumnos, como había propuesto Celaá si no había vacuna antes, la ministra ha acordado constituir un grupo de trabajo para determinar todos los detalles. Así, el grupo de trabajo abordará la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia, según ha informado el Ministerio de Educación.

El Ministerio prevé elaborar un plan de actuación para los casos en los que la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios o bien para una situación aún más extrema: que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.

En todos estos escenarios Educación considera, no obstante, que “será necesario adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados por la importante alteración que provocó la brusca suspensión de la actividad educativa presencial en marzo de 2020”.

Educación cuenta con que, si no es posible que se concentre en una misma aula todo el alumnado de un mismo grupo y etapa educativa, será necesario adoptar medidas como optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación.

También será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros educativos y desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado. ¿Y que pasa con los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje? “Se diseñarán planes de seguimiento y apoyo para seguir esta modalidad de actividad lectiva”, aseguran desde el departamento que dirige Isabel Celaá.

Lo que está claro es que no esta descartado un nuevo confinamiento, por eso el Ministerio cree que se “se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza a distancia y online y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso”.

Otra actividad importante de cara a los próximos meses es la realización de las pruebas EvAU y algunas pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional u otras enseñanzas. “Cada comunidad autónoma es responsable de desarrollarlas en las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente”, dice el Ministerio.

Madrid pide fondos adicionales

La comunidades autónomas también han pedido al Ministerio de Educación y FP que las garantice recursos adicionales del fondo de 5.000 millones de euros que anunció el Ministerio de Hacienda, ya que se da por hecho que la pandemia generará gastos extra en la educación. Es el caso de Madrid, que también ha pedido al Ministerio los informes que avalan la vuelta a las clases presenciales de los más pequeños, cuando esta etapa “debería ser la última en incorporarse”, ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ossorio. “Los únicos resultados de la Conferencia de Educación han sido crear unos grupos de trabajo para preparar el inicio del curso escolar 2020/21 y que la ministra anuncie que va a enviar a las comunidades recomendaciones sanitarias para la vuelta a las clases presenciales”, lamentó.

El consejero se ha mostrado satisfecho con que el Ministerio haya accedido a una de las peticiones de la Comunidad de Madrid: “el envío de documentos con recomendaciones en materia sanitaria para la entrada en vigor de la Fase 2 y la celebración de la EvAU, ya que “existía gran preocupación en la comunidad educativa acerca de este problema y por eso es positivo, aunque se debería haber enviado antes de la Conferencia de Educación”. Sin embargo, lamentó que “tengamos un Gobierno que dio libertad a cada comunidad para que modificara a su criterio lo previsto en la Ley Orgánica de Educación y sus decretos de desarrollo respecto a titulación y promoción”.