“Ley Celaá”: El Congreso da el primer paso para desmantelar la educación privada

La “ley Celaá” se ha convertido en una de las principales amenazas para las escuelas infantiles privadas. Es más podría ser el golpe definitivo para su desaparición asediada ahora por otros factores, como el descenso demográfico, la reducción de alumnado como consecuencia de la pandemia y la amenaza de la aplicación de la aplicación del IVA a la educación con el tipo del 21%. De hecho, el sector aún contiene la respiración porque la medida no ha sido desmentida con rotundidad por el Gobierno.

La Ponencia para el estudio de la reforma de la Ley de Educación ha aprobado una enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos, entre las más de 200 votadas, que establece el “incremento progresivo de la oferta de plazas públicas” en el primer ciclo de Educación Infantil con el fin de atender “todas las solicitudes” de escolarización de la población infantil de cero a tres años. “Todos los centros deberán estar autorizados por la administración educativa correspondiente y supervisados por ella”. Además, el segundo ciclo de Educación Infantil será gratuito, expone la enmienda.

La medida va en la línea defendida por PSOE y Podemos de que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema y fijarlo, además, por ley mientras que la escuela privada se quedaría como algo testimonial. Supone, además, la supresión del sistema de ayudas directas a las familias y la posibilidad de que haya conciertos. Las enmiendas aprobadas en la sesión de hoy, se llevarán luego al dictamen de la ley que se debatirán en la Comisión de Educación.

Las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, y las organizaciones sindicales CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del sector, han lanzado una llamada de socorro por la situación crítica por la que atraviesan a través de un comunicado conjunto.

Los Centros de Asistencia y Educación Infantil Privados de la etapa 0-3 años, como vienen anunciando desde junio, se encuentran en una situación crítica debido a la irrupción de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ya han tenido un descenso de entre un 40 y un 80% de las matriculaciones y ya han cerrado el 10% de los centros.

Sólo en Madrid, la Covid ha vaciado aulas y las mitad de las 900 privadas que existen prevén cerrar en tres meses por falta de alumnos. Es más, consideran que la etapa de 0-3 años es “el eslabón más débil y más desprotegido de todo el sistema educativo español”.

Su maltrecha situación no es de ahora. Antes de esta crisis sanitaria el sector padecía ya una fuerte crisis ocasionada por la aparición de lo que consideran la competencia desleal de “centros autorizados y no autorizados pero que invaden ilícitamente el espacio de la educación infantil” y al preocupante descenso de la natalidad.

La pandemia no ha hecho más que llevar a la UCI al sector ya que "al no tratarse de una etapa educativa obligatoria, las medidas de conciliación, así como el miedo al propio virus han propiciado una caída en picado de las matriculaciones cuando antes de la pandemia existían más de 5.100 centros que albergaban a más de 250.000 alumnos y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría mujeres.

Las organizaciones afectadas han expresado su preocupación y oposición al proyecto de gravar con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) los servicios que prestan los centros de educación infantil. La aplicación del IVA a este sector educativo, exento hasta el momento, en plena crisis económica derivada de la pandemia, “supondría un encarecimiento inasumible de este servicio para las familias, lo que en la práctica comportaría la desaparición de los centros, y la consiguiente destrucción de empleo”.

Es por esto por lo que las organizaciones más representativas de este sector, formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes, han solicitado de forma urgente la aplicación de actuaciones por parte de la administración pública que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo en la base del sector educativo.