Una Presidencia de transición

Catorce cumbres, 3.000 reuniones en Bruselas y 300 en España, 55 millones de euros de presupuesto, 180 días... Éstas son algunas cifras que resumen la Presidencia de la UE que nuestro país ostenta desde el pasado 1 de enero. La recuperación económica, la aplicación del Tratado de Lisboa y la lucha europea contra la violencia de género son los principales objetivos de un semestre que quiere dejar la impronta española en el proceso de construcción europea. Habrá que esperar veinte años a que volvamos a dirigir el Consejo.

Y ese Consejo ha cambiado mucho desde la última Presidencia española en 2002, cuando, con Aznar en La Mocloa, empezó a circular el euro como moneda europea el 1 de enero. Por cierto que fue en 1995 y en Madrid donde los líderes europeos bautizaron con ese nombre a la entonces futura moneda común.

Tradicionalmente, la Presidencia rotatoria de la UE servía para que todos los Estados miembros pudieran aportar sus sensibilidades nacionales al proceso de construcción europea. Así, por ejemplo, una Presidencia sueca ponía el énfasis en asuntos medioambientales o de consumo mientras que un semestre español tratraba de estrechar los lazos con Latinoamérica o los países mediterráneos. Pero esta rotación al frente del Consejo de Ministros tenía también sus aspectos negativos. La limitada duración de las Presidencias impedía dar continuidad a los proyectos e iniciativas, que variaban dos veces al año. Además, el anfitrión de las reuniones cambiaba también cada seis meses, lo que ponía otro obstáculo a la ya de por sí difícil visibilidad de la UE en el resto del mundo.

Para evitar ese trasiego de sillas y nombres, los Veintisiete decidieron introducir en el Tratado de Lisboa la figura del presidente permanente, que, por un período de dos años y medio prorrogables, presidirá las reuniones y será la imagen de Europa en el exterior. El ex primer ministro belga Herman Van Rompuy fue elegido en noviembre para ser el primer presidente permanente.

A España le toca nadar entre dos aguas, en una Presidencia de transición entre un semestre con plenos poderes (como ha sido el sueco que conluyo el 31 de diciembre) y las posteriores presidencias, que tendrán un contenido cada vez menor.

Esta realidad perjudica a España en cuanto a la visibilidad de sus dirigentes, pero le beneficie porque a lo largo de los próximos 180 días se pondrán en marcha las novedados del nuevo Tratado. Así, nuestro país tendrá un destacado papel en las discusiones para poner en marcha el Servicio Europeo de Acción Exterior, en el que el Gobierno confía en contar con 300 diplomáticos. Asimismo, en los próximos meses los Veintisiete deberán concretar las condiciones de la Iniciativa Popular Europea, que permitirá a un millón de europeos exigir a la Comisión proponer una iniciativa legislativa.

De la amplia agenda presentada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta de vital importancia la redefinición de la Estrategia de Lisboa, que pretendía hacer de Europa la primera economía del mundo en el año 2010 gracias a la inversión en I+D. A la vista de que los Veintisiete en general y España en particular han suspendido esta asignatura en plena recesión económica, es de vital importancia redefinir los objetivos y los medios para lograrlo. Los Veintisiete están convocados a una cumbre informal en Bruselas el 11 de febrero para debatir sobre los retos a los que se enfrentará la economía europea durante la próxima década. Si el 30 de junio existe un acuerdo, la Presidencia española entrará con todos los honores en la historia comunitaria.