Los funcionarios de prisiones se querellan contra Instituciones Penitenciarios por vulneración de derechos

La Asociación de Profesionales Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha interpuesto una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y su responsable, Ángel Luis Ortiz, por “vulneración de los derechos de los trabajadores” en el Juzgado Central de Instrucción Penal. Concretamente, se refieren al artículo 316 del Código Penal, que habla del incumplimiento del derecho al trabajo en condiciones de seguridad y salubridad. Según han explicado en una nota informativa, desde que el coronavirus comenzara a propagarse por las prisiones, con el primer caso de la trabajadora infectada en la cárcel de Aranjuez, denuncian que han demandado en reiteradas ocasiones “medios de protección individual y de protocolos específicos” por parte de socios, coordinadores y delegados de Juntas de Personal vinculados a esta Asociación presentados ante las Direcciones de los Centros Penitenciarios y Servicios Centrales de esta Secretaría General. También advierten de que han realizado “informes y partes informativos presentados por profesionales penitenciarios vinculados o no a esta Asociación”.

El colectivo asegura que, aunque es consciente de que esta crisis se trata de una “situación excepcional”, existe una “falta de previsión y la vulneración de los derechos de los trabajadores en materia de prevención”. Además, se quejan de que tanto la Secretaría General como el Ministerio del Interior “se han jactado en redes sociales corporativas y en medios de comunicación de indicar que se poseen medios suficientes para atender las demandas de Equipos de Protección Individual (EPIs) de los profesionales penitenciarios así como de los internos”.

Desde TAMPM denuncian que, a día de hoy “en muchos centros se carecen de dichos equipos que deben ser desechables y de protocolos concretos de actuación contraviniendo las propias ordenes e instrucciones emanadas de los servicios centrales y el Ministerio de Sanidad, lo que ha implicado una terrible descoordinación en la administración penitenciaria en esta materia”. “Si bien debido a sendos escritos presentados en los centros penitenciarios por miembros de esta asociación, éstos han surtido efecto en determinados centros de trabajo, condicionando que los órganos directivos de éstos adoptasen medidas preventivas y dotasen de EPIs a los trabajadores penitenciarios, en otros centros no se ha hecho nada y se ha negado el suministro de estos EPIs a razones de desabastecimiento o posible alarma social entre la población reclusa”. Los funcionarios se quejan de este último supuesto porque “demuestra un claro desconocimiento de la situación cuando el principal vector de transmisión de la enfermedad son los agentes externos que aceden a una institución cerrada como son las prisiones”.

Población vulnerable

La asociación considera “un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la administración penitenciaria el haber subestimado la propagación del virus así como sus posibles efectos sobre una población vulnerable como puede ser la población reclusa”. Así, exigen mediadas para la contención de esta pandemia y que sus efectos sean lo menos perjudiciales para las personas que habitan o trabajan en las prisiones españolas “ya que como profesionales penitenciarios uno de nuestros objetivos es salvaguardar la vida e integridad física de los internos que tenemos bajo nuestra custodia”.