El Congreso enmienda a Sánchez

Sólo ha pasado una semana desde la primera vez que el Congreso votó el estado de alarma y el país ha cambiado por completo. La última actualización del número de fallecidos colocó ayer a España por encima de China y el Parlamento se resintió de un clima en el que la política no puede ya evitar que la opinión pública juzgue que por mucho que ésta sea una situación excepcional, la situación se les ha ido de las manos por falta de previsión, de liderazgo, de competencia y experiencia. La trifulca política suena aún bajito, pero anticipa lo que vendrá cuando España consiga superar por fin esta emergencia sanitaria nacional. Ayer ya no se sintió con la misma fuerza el clima de tregua del primer debate en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió el aval del Parlamento para confinar a los españoles en sus casas y paralizar en su mayoría la actividad económica.

Los grupos no se oponen a la prórroga del estado de alarma, pero la mayoría levanta también un muro preventivo para no hacerse solidarios o cómplices ni de la gestión ni de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. El PP marcó una distancia crítica con contundencia, justificando su apoyo en su «patriotismo y su sentido de Estado». Pero Pablo Casado discutió la «mínima eficacia» de Sánchez «con plenos poderes» y le advirtió de que «España está de duelo» y «esto no va bien». Ciudadanos se quedó más en tierra de nadie, como el PNV. Pero el resto, y ahí están todos los socios de la investidura, se desmarcaron con dureza de la gestión de Sánchez. El socio de coalición, Podemos, también levantó la mano para pedir más ayuda social, dejando entrever las dificultades de mantener engrasado ese pacto cuando llegue el momento de los ajustes y de las decisiones impopulares. Porque el problema del Gobierno es que no fue diseñado para sufrir ni para administrar situaciones complicadas, sino «para surfear las olas», como describe gráficamente un dirigente territorial socialista. «No puedes ir a la guerra teniendo por compañero a un socio desleal».

Sánchez está cada vez más solo y la soledad será total en cuanto se levante el estado de alarma y España tenga que volver a buscar la normalidad. La mayoría del Congreso le echó en cara la situación crítica de los sanitarios, los recortes en Sanidad del pasado, el abandono de las residencias de la tercera edad, la falta de previsión y la incapacidad de su Gobierno para movilizar en los mercados los respiradores y el material de protección que en los hospitales llegan ya tarde. Ayer el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, anunció una compra masiva, pero que «llegará en semanas». Hasta ahora el presidente del Gobierno se había limitado a contestar a la urgente presión de las comunidades con un «próximamente». Ayer Illa habló de tres o cuatro semanas, un plazo de espera que no tienen ni los enfermos ni los sanitarios. Y que deja en evidencia la debilidad del Gobierno de España para entrar a tiempo en los mercados, ahora ya saturados, y convertidos en un «mercado persa».

La tensión entre Gobierno y PP va «in crescendo» a nivel nacional como efecto rebote de la tensión autonómica, sobre todo en Madrid. El Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso se siente abandonado por el Ejecutivo central. Madrid es el principal foco de la emergencia, aún no ha recibido la solidaridad de otras comunidades autónomas y denuncian que «les echan los muertos a la cabeza» para esconder la responsabilidad del Gobierno de la Nación en la situación crítica de los sanitarios madrileños y de la sanidad regional, colapsada por el aumento exponencial de los contagios. Como ocurrió hace una semana, ayer de nuevo el socio independentista del Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue el que embistió con más fuerza contra Sánchez. Tanto al cuestionar las medidas económicas implementadas como la gestión sanitaria. Las enmiendas de los partidos al decreto de alarma fueron en variadas direcciones. El PP no presentó ninguna, pero sí más de un centenar de proposiciones paralelas y de preguntas, incidiendo en las concentraciones y manifestaciones autorizadas por el Gobierno. Ciudadanos reclamó más información del Gobierno y que los funcionarios de prisiones tengan consideración de agentes de autoridad. Esto mismo también lo pidió Vox. El partido de Santiago Abascal incidió en su veintena de propuestas en la crítica a la descentralización, la inmigración y el retraso en la toma de decisiones. ERC y JxCAt insistieron en la exigencia de una paralización total de la actividad económica, a pesar de que la Generalitat ha dado marcha atrás en la clausura de las obras de construcción. JxCat insiste en pedir las mismas competencias que el Estado central en el estado de alarma. «Nosotros le hemos dado todo lo que nos ha pedido. Pero el problema es que con estos poderes máximos la eficacia del Gobierno es mínima. Y esto no puede ser», sentenció Casado en un debate en el que pidió a Sánchez que exija a Podemos respeto al Rey.