Una asociación de abogados reclama amparo al Gobierno para más de 100.000 mutualistas

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) reclama al Gobierno que adopte medidas para amparar al 60 por ciento de los 190.000 letrados de España que son mutualistas y no están adscritos al régimen de autónomos, por lo que no pueden acogerse a las medidas impulsadas por el Ejecutivo por el estado de alarma. En un comunicado, ALA denuncia que “la mayoría han visto completamente paralizada su actividad” y, al no figurar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, comprueban al mismo tiempo “que las prestaciones establecidas en las medidas aprobadas por el Gobierno no les amparan al no poder acogerse a las mismas”.

La asociación letrada asume que son las mutualidades de previsión social del sector, Mutualidad de la Abogacía y Alter Mutua, “quienes deberían adoptar las medidas necesarias para paliar esta situación de desprotección en la que se encuentran la mayoría de abogados y abogadas”, pero constata que hasta el momento “sólo han decidido aplazar el pago de sus cuotas, lo que supone una situación de total desamparo para este colectivo”.

Ante esta situación, ALA insta al Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptar “iniciativas encaminadas a gestionar con estas mutualidades de previsión social la búsqueda de una solución que ampare a este colectivo que, a raíz de las circunstancias en la que nos encontramos, tras haber sido decretado el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, se encuentra ante una grave dificultad para el ejercicio de la profesión y la obtención de ingresos”.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se quejó también hace unos días de la discriminación que suponen las medidas impulsadas por el Gobierno para los autónomos que cotizarn a través de mutualidades. En un comunicado, calificó de “limitadas” esas ayudas y denunció que en general “excluyen a los profesionales adscritos a sistemas de mutualidad alternativos”, una situación que su presidente, Lluís Comerón, tildó de “injusta y discriminatoria”.