El Gobierno ignoró también la Estrategia de Seguridad Nacional

El Gobierno no sólo desoyó las alertas que formularon sobre la peligrosidad del coronarivus diferentes organismos internacionales algunos días e incluso semanas antes de la declaración del estado de alarma, el 13 de marzo. Como ya es público, la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, lanzó avisos los días 3, 11, 13, 24 y 27 de febrero, en los que instaba a adquirir y suministrar equipos de protección adicionales de forma preventiva, y a frenar la celebración de actos multitudinarios, entre otras medidas.

El Ejecutivo también hizo caso omiso de un documento muy importante existente en España y que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy siete meses antes de que Pedro Sánchez le desalojara de La Moncloa: la Estrategia de Seguridad Nacional. Dicho texto vio la luz el 1 de diciembre de 2017, y actualiza la versión previa de la misma Estrategia de 2013, aprobada también por el Gobierno de Rajoy, así como otra versión de 2011, elaborada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El documento, vigente aún, fue elaborado por técnicos ministeriales con las aportaciones de un comité asesor, del que formaban parte más de 50 expertos, entre los que se figuran profesores universitarios, miembros de asociaciones relacionadas con la Seguridad Nacional y analistas de centros de pensamiento, así como representantes del sector privado.

Desde su aprobación, y desde el aterrizaje de Sánchez en el Gobierno, en junio de 2018, sólo ha sido desarrollado en la parte concerniente a la ciberseguridad, ya en 2019. El 15 de marzo del pasado año, el Consejo de Seguridad Nacional aprobaba el informe anual correspondiente a 2018, y dedicaba en él un capítulo a la Seguridad frente a pandemias y epidemias, pero la mayor parte de los retos definidos previamente en la estrategia de 2017 seguían sin desarrollarse en lo que se refiere a la posible llegada de una como la que ahora mismo azota España.

La Estrategia de 2017, base para toda acción posterior, se refiere a ella en sus páginas 76 y 77, que describen los riesgos que pueden suponer para España, y en las páginas 116 y 117, que recogen una serie de propuestas para afrontarla. Hasta la eclosión de los casos, ninguna se había puesto en marcha. La estrategia alude, por ejemplo, a que «en las últimas décadas el número de enfermedades emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas a ellas han aumentado».

En este punto, recuerda que se han identificado al menos «seis alertas sanitarias globales», en alusión, entre otros, al Síndrome Respiratorio Agudo Grave, al virus Ébola o a la infección por Zica. En este apartado, los expertos recuerdan que España «recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuerto que se cuentan entre los de mayor trafico del mundo» y con «un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades».

Ya incidía además en los problemas de «una población envejecida» y una «situación geopolítica polarizada», lo que hace que nuestro país no esté exento «de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas». Respecto a ello, abogaba por «reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible, la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos mediante el control e inspección de mercancías en frontera, así como la probabilidad de transmisión interna de enfermedades», mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud. «Es fundamental para minimizar riesgos y su posible impacto en la población».

Y encarecía a «reducir la vulnerabilidad de la población» y a «adoptar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios». Todo, «bajo el principio de coordinación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, y con organismos internacionales como la OMS o, en el seno de la UE, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades».

Como líneas de acción, proponía «revisar y actualizar periódicamente los planes de preparación y respuesta existentes ante riesgos específicos», «promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y respuesta ante riesgos biológicos con una aproximación multisectorial», y «adaptar la red de hospitales de tratamiento de casos confirmados de Ébola para responder ante cualquier enfermedad infecciosa de alto riesgo». No se hizo.

Un año después, el citado informe de 2018 reiteraba muchos de esos retos, haciendo hincapié en que «la circulación de microorganismos y la transmisión de enfermedades constituyen desafíos de primer orden». Por ello, instaba a «contar con capacidades para detectar y reaccionar ante cualquier riesgo sanitario en puertos, aeropuertos y fronteras». Aun así, poco antes del estado de alarma seguían llegando turistas italianos de las zonas más afectadas sin control. Incidía, además, en que había que «mejorar las capacidades de atención sanitaria».

También destacaba ciertos «logros», principalmente en Sanidad animal, o la realización de un simulacro del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida con todas las comunidades. Poco más sobre lo que alertaban en 2017.

Eso sí, seguía avisando: «Tanto a nivel global como a nivel nacional, el incremento de las resistencias a los antimicrobianos se está convirtiendo progresivamente en uno de los mayores problemas para la seguridad sanitaria».