Los jueces quieren saber cuántos están contagiados por Covid-19

Dos asociaciones judiciales están dispuestas a llevar a los tribunales la negativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a facilitarles los datos de magistrados contagiados por coronavirus, una información que han reclamado tres veces en el último mes y que a día de hoy, se quejan, sigue sin respuesta. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente han presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como paso previo a una posible impugnación en vía contencioso-administrativa de esa presumible negativa y de un supuesto incumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 9 de diciembre de 2013.

Fuentes del CGPJ apuntan que la institución no ha facilitado aún esa información porque no dispone todavía “de datos fiables”, dado que en la mayoría de los casos, salvo entre los sanitarios con síntomas que han tenido que volver al trabajo, no se han practicados test de detección del virus. En estas circunstancias, subrayan esas mismas fuentes, ofrecer cualquier cifra al respecto “sería distorsionar la situación real, tanto al alza como a la baja”

En el escrito remitido al citado organismo, el portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, y la presidenta de Foro Judicial, Concepción Rodríguez González del Real, recuerdan que el pasado 23 de marzo se solicitó por escrito al servicio de prevención de riesgos laborales del CGPJ los datos sobre “el número global de miembros de la carrera judicial en activo que han sido diagnosticados del virus Covid-19” al considerarlo “imprescindible para determinar la merma de efectivos e identificar el riesgo profesional”.

Asimismo, la petición incluía que el CGPJ precisase la instancia, orden jurisdiccional y territorio de procedencia de cada uno de los contagiados así como de los jueces y magistrados que, por indicación sanitaria, “han sido aislados forzosamente”.

El 26 de marzo, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces contestó que había procedido a solicitar esa información. La asociación Francisco de Vitoria reiteró de nuevo su petición, que el pasado día 7 ya efectuó de forma conjunta con Foro Judicial quejándose de que hasta ese momento no se había facilitado “información alguna sobre el número de afectados” y los casos confirmados y sospechosos.

El 8 de abril, recuerdan, la “petición de información estadística de infectados en la carrera judicial” la respaldaron ya tanto los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -además de las dos citadas, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JpD)- en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud como la Sección de Riesgos del propio CGPJ. Esos datos, insistían, resultan “de interés para la salud y prevención de riesgos laborales de la carrera judicial”.

“Grave desidia” o “falta de voluntad”

Un mes después, y dado que las cifras siguen sin facilitarse, las dos asociaciones que firman el escrito consideran que “existe una nula voluntad de cumplimiento” que atribuyen o bien al “desconocimiento de las cifras interesadas, lo que sería grave desidia” o a una “falta de voluntad en hacerlo, lo que sería más grave”, por lo que consideran su petición “desestimada”.

“Se podrá argumentar que ha pasado poco tiempo”, dicen, pero “considerando que en un mes se ha proclamado un estado de alarma y se ha prorrogado dos veces es mucho tiempo”. Su pretensión, reiteran, es constatar la afectación que el Covid-19 está teniendo en los jueces y magistrados “y, en función de ello, comprobar si están siendo eficaces las medidas tomadas, pedir en su caso medidas complementarias” y valorar las medidas que deben tomarse en el Plan de Choque del propio CGPJ.

Asimismo, puntualizan, se trata de un dato relevante “para su consideración como enfermedad profesional, especialmente si la enfermedad se ceba en los jueces que han debido atender los servicios considerados esenciales, de ahí que se pidiese la especificación por jurisdicciones”. Las dos asociaciones mantienen que esos datos son “relativamente fáciles de obtener, puesto que los afectados lo ponen en conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia”.

Pero para ambas resulta relevante que “ni se ha dado una justificación para no contestar, ni se ha aventurado siquiera un plazo próximo” para hacerlo. “Ni se ha dado dato alguno, aunque sea incompleto”, se quejan.