Terrorismo

Denuncian que el Gobierno aprovecha el Estado de Alarma para beneficiar a ETA

Las víctimas recuerdan que los actos administrativos no urgentes están suspendidos

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, es hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en 2000
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, es hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en 2000larazon

“Se está aprovechando como cobertura el dolor de otras víctimas, las del COVID-19, para arrodillarse ante las peticiones de ETA”. De esta manera contundente, Dignidad y Justicia denuncia que el Ministerio del Interior aproveche el Estado de Alarma para dar beneficios a los presos de la banda terrorista.

Recuerdan que, durante la vigencia del Estado de Alarma, los actos administrativos, salvo los urgentes, se encuentran paralizados y el anuncio de estos “beneficios” se produce en respuesta a las reivindicaciones de los terroristas.

“Hace unos días conocíamos la noticia en la que el colectivo de familiares de reclusos de la banda asesina ETA consideraba que el traslado a prisiones vascas y navarras debe hacerse “sin mayor dilación” y exigiendo excarcelar presos en régimen de libertad condicional”, agregan.

Ante ello, la asociación que preside Daniel Portero muestra su sorpresa por el hecho de que “una situación de crisis sanitaria”,se aproveche para conceder estos beneficios. “Sobre todo sin que se cumplan ni uno de los requisitos legales que la ley marca para poder progresar en grado o conseguir la libertad, entre otros; mostrar arrepentimiento, desvincularse de la banda, pedir perdón a las víctimas, y sobre todo colaborar con la justicia para poder esclarecer los 378 casos de ETA que a día de hoy están sin resolver y no tienen autor conocido”.

“Pero lo más sorprendente es que el Ministerio del Interior ha concedido el tercer grado penitenciario a tres presos de ETA a los que con anterioridad ya había beneficiado con un acercamiento a cárceles próximas al País Vasco”, concluyen.

Tal y como ha venido informando LA RAZÓN, los presos terroristas, a través de sus asociaciones, aprovechan la situación creada por la pandemia del coronavirus para exigir una serie de concesiones, entre ellas su acercamiento global a cárceles del País Vasco y Navarra. Pero sin cumplir los citados requisitos.