Las asociaciones judiciales exigen la “inmediata reanudación” de la actividad en los juzgados

Tras 65 días con el estado de alarma en vigor, las asociaciones judiciales reclaman al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas competentes y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la “inmediata reanudación” de la actividad judicial. Tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces por la Democracia (JpD) exigen que se ponga fin a la “parálisis de facto” de la Administración de Justicia en nuestro país, dado que la prolongación de esta situación, lamentan, ha puesto de relieve sus “carencias”. De ahí que reclamen que de forma urgente se adopten todas las medidas de protección necesarias en los juzgados y tribunales para poder así la vuelta a la normalidad en todas las sedes judiciales de España.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura se queja de que la orden ministerial preveía que tras reincorporarse el pasado día 12 el 30 por ciento del personal adscrito a la Administración de Justicia, mañana mismo se incorporasen a los juzgados entre el 60% y 70% restante, algo que, avisa, “no puede producirse” porque “aún deben evaluarse las medidas de protección colectiva e individual”.

“Sin funcionarios, no podemos celebrar juicios y otros actos procesales, haciendo imposible, por tanto, que los jueces podamos solucionar los conflictos de los ciudadanos”, denuncia la APM, que muestra su sorpresa por el hecho de “a estas alturas, aún no se hayan estudiado las sedes judiciales para saber dónde son precisas las mamparas, que no estén señalizados los pasillos y zonas comunes” y que, en definitiva, “sigamos sin saber cuándo se reanudará definitivamente la actividad judicial”.

“Es incomprensible que, cuando en toda España se puede salir a pasear o hacer deporte y en muchas comunidades autónomas ya han abierto los comercios, se puede ir a la peluquería o tomar una consumición en una terraza -asegura- un servicio esencial en un Estado de Derecho y en una democracia, como es la Justicia, continúe cuasi-paralizado porque no se adoptan las medidas y se dotan los medios personales y materiales necesarios para reanudar la actividad”.

En consecuencia, la APM insta a las administraciones competentes para que "sin demora y a la mayor urgencia", adopten las medidas "de protección colectiva e individual" necesarias en todas las sedes judiciales que permitan "la inmediata y definitiva incorporación de los funcionarios con las debidas garantías de seguridad". Del mismo modo, pide al Consejo General del Poder Judicial que "plantee la urgente necesidad" de adoptar esas medidas en el marco de la comisiones mixtas que integran, además, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y la Fiscalía General del Estado.

En esa misma línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia que la suspensión de los plazos procesales a consecuencia del decreto de alarma “constituye una grave limitación del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”. Y hace hincapié en que mientras el poder Ejecutivo y el Legislativo siguen funcionando, “se ha producido una paralización casi generalizada del Poder Judicial”, algo que califican de “secuestro del Poder Judicial por parte de los otros poderes del Estado” que tiene unas “devastadoras” consecuencias para los ciudadanos.

Al igual que la APM, esta asociación defiende -en un comunicado firmado por su portavoz, Jorge Fernández Vaquero- que el mantenimiento de la suspensión de plazos procesales "no estaría ya justificada por la crisis sanitaria". "Muchos servicios públicos han empezado a funcionar -argumenta- y se ha iniciado una desescalada de actividades profesionales, comerciales y deportivas" mientras "de manera injustificada, los ciudadanos no pueden hacer valer sus derechos ante uno de los tres poderes del Estado". "No deja de ser paradójico que se pueda consumir una bebida en una terraza, pero no se puedan incoar demandas en defensa de los derechos de los ciudadanos", ironiza la AJFV, para la "neutralización" del Poder Judicial por el estado de alarma ha supuesto, entre otras cosas, "una útil ventaja para el poder Ejecutivo para eludir el control de legalidad de sus actos y del ejercicio de su potestad reglamentaria".

Por ello, la asociación Francisco de Vitoria pide tanto al Ministerio como al CGPJ “la reactivación de todas las actuaciones judiciales, sin distinción de su esencialidad, requiriendo a las respectivas administraciones de la dotación de medios técnicos y personales y adopción de medidas de protección que permitan preservar la salud de los ciudadanos, trabajadores y operadores jurídicos en las sedes judiciales”. Asimismo, reclama que mientras mientras no se alce la suspensión de los plazos procesales se declaren hábiles “todos los días establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para realizar actuaciones judiciales que sean compatibles con dicha suspensión”.

La última asociación en sumarse a esas reclamaciones, hoy mismo, ha sido la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que a través de una nota pública señala las “carencias” que ha puesto de relieve la situación de “parálisis casi general” de la Administración de Justicia por el estado de alarma, dado que en su opinión “no existen en nuestro sistema mecanismos suficientemente reglamentados que permitan garantizar la cooperación y coordinación” de todas las administraciones con competencias en Justicia. Además, añade, la actividad judicial “se encuentra todavía condicionada por los límites que impone la utilización del papel y la falta de herramientas tecnológicas”. Algo que hace imposible “el normal funcionamiento” de juzgados y tribunales en toda España “en una situación de epidemia”.

“La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible”, exige JpD, que se queja de que a día de hoy “las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles” para garantizar la tutela judicial de los derechos y libertades.

Esta asociación pide a las distintas administraciones públicas implicadas “que proporcionen de una vez por todas los medios necesarios para el normal funcionamiento de la Justicia” y al Consejo General del Poder Judicial le reclama que “dote a los integrantes de la carrera judicial de la necesaria protección frente al riesgo sanitario y que inste a las administraciones responsables a fin de que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial”.