Coronavirus

Estado de alarma

La Policía podrá sancionar si no se lleva mascarilla con multas de 600 euros mínimo

Previamente, instarán a quien no la lleve a usarla y si no, a retirarse de la zona donde se encuentre. El incumplimiento se considera falta grave y tiene un máximo de multa de 30.000 euros

ESTADO DE ALARMA
Un policía local de Murcia pide la documentación a una familia.Marcial GuillénEFE

Con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio del Interior ha hecho una serie de indicaciones de cómo la Policía y la Guardia Civil van a controlar que se cumpla con la normativa.

En primer lugar, y como ya hizo cuando entró en vigor el confinamiento estricto por el estado de alarma, los primeros días, los agentes “potenciarán la función pedagógica”, es decir; informarán a aquellos que estén incumpliendo dicha normativa de su obligatoriedad.

Una vez pasada la fase pedagógica, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, “requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal”. Si el incumplimiento se produce en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público “se requerirá a la persona a que abandone dicho espacio”.

Finalmente, si la persona no atiende al requerimiento, los agentes “podrán proceder a realizar una propuesta de sanción” por la vía del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dicho artículo indica que “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Dicha infracción está considerada dentro de las “graves” por lo que la sanción oscila entre los 601 a 30.000 euros. La Policía y Guardia Civil no sancionan sino que proponen para sanción y es la delegación del gobierno quien fija la cuantía de la misma.