Mascarilla obligatoria para mayores de seis años

A partir de mañana, el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Los menores de entre tres y cinco años no estarán obligados a usarlas, pero Sanidad sí se recomienda su uso.

Así lo establece la nueva orden dictada por el Ministerio de Sanidad que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al amparo del estado de alarma, y que ya había sido anunciada por el titular de este departamento, Salvador Illa.

Según el texto, estarán obligadas al uso de estos bucoprotectores en dichos espacios “las personas de seis años en adelante”, aunque no deberán hacerlo “las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o las personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o, que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”.

Tampoco estarán obligadas a utilizarse en el “desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla”, y tampoco “por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”.

La orden establece que “se entenderá cumplida la obligación” cuando se utilice “cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca”, a lo que añade que “se observarán en todo caso las indicaciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso”.

Según la normativa aprobada por Sanidad, “la Organización Mundial de la Salud, con fecha 16 de abril de 2020, definió los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el levantamiento de las medidas de desconfinamiento.

Entre los citados principios merece especial atención la necesidad de minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como lugares cerrados y lugares públicos, donde se produce una gran concentración de personas; y que se asegure el compromiso del conjunto de la población en la aplicación de las medidas adoptadas a fin de continuar protegiendo los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las personas”.

La orden añade que “la evolución de la crisis sanitaria, que se desarrolla en el marco del estado de alarma, obliga a adaptar y concretar de manera continua las medidas adoptadas para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis.

En este marco, y ante la alta transmisibilidad del SARS-CoV2, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad y en las personas asintomáticas, se hace preciso dictar una orden para regular le uso de las mascarillas, estableciendo los casos y supuestos en los que su utilización será obligatoria, sin perjuicio de las recomendaciones previstas por las autoridades sanitarias en el resto de casos”.

“El uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado no sólo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”:

Esta decisión representa un giro de 180 grados con respecto a la posición inicial que ha mantenido el Ministerio de Sanidad desde el estallido de la pandemia. Tal y como ha informado LA RAZÓN, el 5 de marzo, cuando el virus circulaba libremente por todo el país, el departamento que dirige Illa se preguntaba en un tuit: ¿Quién debe usar una mascarilla? La respuesta que se daba era: Es importante saber que la población sana no necesita utilizarlas”. Más tarde, el 24 de marzo, cuando España contabilizaba ya 2.696 fallecidos por coronavirus, el Ministerio insistía en el mensaje de que “si estás sano no es necesaria la mascarilla”. El 11 de abril, ya con 16.353 muertos en las estadísticas oficiales, Sanidad pasó a “recomendar” su uso a la población general, y el 4 de mayo, ya con 25.428 fallecidos, Illa decidió convertirlo en obligatorio en los transportes públicos.