El juicio político a la Monarquía, ante el Pleno del Congreso

Las diligencias a practicar en el Supremo para determinar si el Rey emérito blanqueó comisiones del AVE tras su abdicación serán a muy corto plazo otro quebradero de cabeza político para el PSOE. Podemos no dejará pasar esta cuestión y no perderá tiempo antes de «entrar a saco», conscientes de que es un tema que moviliza a su electorado y que coloca en una posición muy incómoda a la dirección socialista en el ámbito político. Da igual que la formación morada esté ahora en el Gobierno, porque la responsabilidad institucional no limitará el desarrollo de su programa de máximos en cuanto a su oposición a la Monarquía. Ya se han producido desde la moción de censura episodios en los que el hoy vicepresidente, Pablo Iglesias, ha dejado bien claro que no compromete su ideario por someterse a las conveniencias institucionales, y mucho menos si implica ajustarse a la posición del PSOE.

La votación en Pleno de la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los presuntos negocios de Don Juan Carlos será, salvo sorpresa, lo más inmediato en la agenda. El Reglamento de la Cámara es muy claro y basta con que un quinto de la misma apoye llevar a Pleno esta iniciativa o que la registren dos grupos parlamentarios para que la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso, no tenga más remedio que dar luz verde al debate sobre la solicitud de creación de la comisión. Los dos grupos que impulsarán la propuesta ya están señalados, Podemos y Esquerra, que se bastan para obligar a que el PSOE se retrate ante el Pleno en relación a esta controvertida cuestión. El objetivo no es el juicio político al Rey emérito, sino a la Monarquía.

Para que salga adelante la comisión de investigación hacen falta más «síes» que «noes». Altamente improbable, pero de constituirse sería el escudo perfecto para desviar la atención de otras cuestiones ajenas a la crisis económica y social que deja la pandemia, ya que por ella podrían pasar desde ex presidentes del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a ex ministros de Fomento como Ana Pastor o José Blanco. Todo depende del marco de actuación que fijaran por mayoría en el seno de la propia comisión.

El tema es tan incómodo para la dirección socialista que podría incluso tener la tentación de abstenerse si le da la suma de «noes» frente a los «síes». En el «no» están PP y Vox, y en principio también Ciudadanos (Cs). Por eso el bloque del centro derecha podría servir como parapeto al PSOE para inhabilitar la exigencia de sus socios. Aunque lo lógico, en coherencia con su tradicional posición institucional, es que votara en contra de la investigación parlamentaria. Sánchez no podría someter a la abstención a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni tampoco a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por ejemplo.

No obstante, el PSOE más institucional y ajeno al PSOE de Sánchez no se atreve a mojarse sobre cuál puede ser la posición final de la dirección de su partido ante esta tesitura. «Con este PSOE que tenemos ahora no sabría qué decirte. Pueden hacer el cálculo y si dan los votos abstenerse, pero tendrían que ausentarse Sánchez y unos cuantos ministros». Salvo que Podemos dé la sorpresa de recular y mirar para otro lado, la única salida que le puede quedar al PSOE para manejar el primer envite parlamentario es meter la solicitud de la comisión en el orden del día de un Pleno de verano, en martes, coincidiendo con la sesión de control al Senado, para taparlo un poco. Pero poca sombra puede hacérsele a este debate.

El respeto a las actuaciones judiciales entra en la respuesta de manual de todos los principales partidos. Y a este argumento ya se ajustaron ayer en las primeras reacciones sobre la investigación a Don Juan Carlos. «La justicia es igual para todos». Pero en el actual marco político, con Podemos dentro del Gobierno y con un Gobierno que depende de los partidos independentistas, la investigación judicial dará aliento a una campaña política de largo alcance y que se materializará en las Cortes no sólo mediante la propuesta de la comisión de investigación. El riesgo es que en paralelo se inicia un juicio político sumarísimo contra el Rey emérito y que por distintos intereses ideológicos intentará afectar a Felipe VI y a la Monarquía como institución para acentuar la crisis estructural del modelo constitucional.

Desde una de las baronías del PSOE advierten: «El sostenimiento de la Jefatura del Estado, su forma monárquica, está en juego. Hay que ser exigentes, pero también debemos tener claro que hay partidos que no actúan pensando en la depuración individual de responsabilidades», recalcan.