El confinamiento sine die de Don Juan Carlos

Desde Zarzuela se contempla con creciente preocupación los movimientos del bloque anticonstitucional para socavar la Corona. Pese a todo, el sentimiento generalizado es de confianza. Según las fuentes consultadas son dos los puntos en los que se basa esta confianza. En primer lugar se considera que el «cortafuegos» jurídico que se ha diseñado para separar las supuestas irregularidades de Don Juan Carlos del actual Monarca es sólido debido, entre otras cosas, a que se ha preparado con la total cooperación tanto del afectado como de su defensa, con la que los cauces de comunicación son continuos y fluidos y el clima de colaboración correcto.

Don Juan Carlos y Doña Sofía han pasado todo el confinamiento dentro de Zarzuela, en la parte del complejo que constituye sus dependencias habituales desde hace décadas. El hecho de que no haya habido ningún pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Fiscalía del Supremo habla de una toma de distancia táctica, más que personal entre padre e hijo. Ya en el comunicado del 15 de marzo pasado –el mismo en el que el Rey renunció a la herencia de Don Juan Carlos y le retiró su asignación anual– se hablaba que a partir de ese momento sería el abogado del anterior Monarca el que daría cuenta de la marcha de su defensa.

El segundo punto que cimenta el cauto optimismo en Zarzuela es el irreprochable ejemplo de honestidad y compromiso personal de Felipe VI en contraste con épocas anteriores y la solidez e inercia del Estado surgió de la Transición y de su sistema de contrapesos. En este sentido, se recuerda que las iniciativas de la izquierda radical y los independentistas para que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados no es nueva; todo lo contrario: ha fracasado en numerosas ocasiones gracias a la férrea negativa del PSOE en la Mesa del Congreso.

En este contexto, y teniendo en cuenta que lo único que se interpone en sus planes son las reticencias del PSOE, una frase pronunciada en sede parlamentaria por nada menos que el ministro de Justicia -Juan Carlos Campo, hasta ahora considerado como un progresista moderado- ha extendido un halo de preocupación. Campo habló, en efecto, de «una crisis sanitaria con brotes económicos, pero que realmente lo que determina es una crisis constituyente».

Estas declaraciones precedieron por apenas unas horas a otras, igualmente preocupantes, en las que Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputado de En Comú, lanzaba en una entrevista en «Público», una auténtica carga de profundidad: «Imagino que ahora hay sectores de la Casa Real que van a hacer mucho esfuerzo para que lo que afecta a Juan Carlos I no afecte a Felipe VI. En ese sentido, me parece que hay grupos que ya están pensando en el exilio de Juan Carlos I, algo que está muy presente en la historia de la dinastía borbónica». No ayuda el hecho de que sea precisamente Pisarello uno de los que tendrá que pronunciarse en la votación sobre la comisión de investigación en el Congreso.

¿Cuál es, por tanto, el objetivo de este movimiento? Analistas y polítologos consultados por LA RAZÓN en un esfuerzo por deconstruir qué hay detrás de esta estrategia apuntan a que la comisión es solo una de las facetas de una táctica implementada en varios frentes para lograr el objeto reconocido que comparten Podemos y todos los partidos independentistas: tumbar el actual régimen constitucional y rediseñar el modelo de Estado. El partido de Iglesias lograría «latinoamericarizar» el entramado institucional de España –objetivo reconocido de Podemos desde su aparición en 2014– y los independentistas lograr una «República Federal Española» como paso previo a la independencia.

En este sentido se pretende repetir el mismo modelo que derivó en la caída de Rajoy: tras una lluvia fina durante meses y meses de desprestigio basado en la marcha judicial de casos de corrupción se aprovecharía un pronunciamiento judicial concreto -en el caso de Rajoy fue la sentencia Gürtel- para lanzar el ataque final. En este sentido nada mejor que destruir la imagen de Don Juan Carlos para destruir su legado: el régimen de convivencia del 78. No ayuda a la tranquilidad el historial de bandazos impredecibles con el que cuenta ya en su haber el presidente Sánchez, que ha demostrado que «todo vale» a la hora de mantenerse en el poder.

Lluis Orriols, doctor por la Universidad de Oxford y vicedecano de estudios de ciencia política- Universidad Carlos III de Madrid llama la atención sobre el hecho de que desde una perspectiva politóloga cuando una institucional y un individuo son la misma persona – como en el caso de la Monarquía- las malas praxis provocan que se produzca un deterioro de imagen muy grave del que están exentos los partidos políticos, donde se producen relevos más rápidos. «Las monarquías, al ser vitalicias, tienen que ser instituciones con un mínimo papel ejecutivo, deben limitarse a lo simbólico y esto es un método de protección de la propia institución».

La evolución de los partidos de izquierda que se ha dado en las últimos años hacia posturas más abiertamente republicanas es un hecho y seguirán sacando partida del deterioro simétrico que pueda contagiarse de Don Juan Carlos a Felipe VI. «Hay signos muy preocupantes. Hace 20 la Corona cumplía su función de símbolo de unidad porque tenía muy buena imagen a derecha e izquierda pero la evolución de la izquierda está rompiendo estos consensos. Aunque sea a su pesar, la corona ha entrado en la batalla política», afirma.

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixas, admite su completa «perplejidad» cuando escuchó las declaraciones del ministro de Justicia porque, precisamente a él dentro del Gabinete se le deberían presumir conocimientos jurídicos sobre lo que supone una reforma de la Constitución. «Me extrañaría mucho que produjera un vuelco así en el PSOE.

Lo que sí quieren es que vaya calando esa idea en la opinión publica e ir minando la solidez del consenso», advierte. Freixas recuerda que un procedimiento agravado supone dos tercios en el Congreso, dos tercios en el Senado, disolución de las cortes, elecciones y de nuevo dos tercios en el Congreso, dos tercios en el Senado y, por último, referéndum. «Afortunadamente no tienen los votos ni de lejos pero sí que es cierto que Podemos e independentistas de todo pelaje tienen ese objetivo».