El fiscal mantiene que Trapero no tenía “ningún deseo real” de impedir el 1-O

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha defendido en su informe final que se condene por sedición a la ex cúpula de los Mossos por no impedir de forma “consciente” y “voluntaria” el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017. De hecho, ha resaltado, contribuyeron “de forma decisiva” a que la Policía autonómica “se pusieran al servicio del plan secesionista, lo que permitió la celebración del 1-O y la posterior declaración de independencia”.

Tras dejar claro que este juicio al mayor Josep Lluís Trapero, al ex número dos de la Consejería de Interior César Puig, al ex director de los Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana "no ha sido contra los Mossos", el teniente fiscal de la Audiencia Nacional ha expresado su convicción de que en los acusados "no había ningún deseo real de impedir el referéndum".

Carballo -que la semana pasado rebajó su acusación de rebelión a sedición e incluso dejó la puerta abierta a una condena por desobediencia, que no lleva aparejada pena de prisión- considera que con su comportamiento el 1-O no solo no impidieron la consulta, sino que “garantizaron su celebración”.

Carballo no da ninguna credibilidad al supuesto plan de Trapero para detener a Puigdemont si finalmente declaraba la independencia, que desveló en el juicio del "procés" durante su declaración como testigo y reiteró en esta misma vista oral.

Para el fiscal resulta “significativo” que después del incumplimiento de varias resoluciones judiciales quisiese llevar a cabo “de oficio” esta actuación “cuando nadie se lo pide”. Asimismo, recela de que no diese a conocer la existencia de ese plan secreto hasta el juicio en el Tribunal Supremo, donde según ha dicho “se viene arriba y dice que tenía un plan”. Carballo se ha mostrado escéptico respecto a que “el único papel que debería de existir con los turnos de los Mossos que tenían que intervenir resulta que se destruye”. “¿Por qué se destruye? O es que no existió nunca...”, se ha preguntado irónicamente.

En su informe final también se ha detenido en los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía, que ha definido como “un ataque directo al núcleo logístico y al corazón de la organización del referéndum”. El fiscal ha responsabilizado a los acusados de llevar a cabo ese día “una consciente dejación de funciones de su obligación de velar por el orden público” ante una “multitud alzada”, ha recalcado, para impedir la actuación judicial. Contentándose, ha añadido, en aparentar un “cínico cumplimiento” del mandado judicial.

El representante del Ministerio Público -que ha hecho alusión en repetidas ocasiones a la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del “procés”- ha subrayado que la entonces cúpula de la Policía catalana no llevó a cabo el 1-O “una actuación decidida y contundente” contra el referéndum y que se amparó en la “excusa de la proporcionalidad y de velar por la paz social” como un “mantra” para permitir su celebración.

El representante de la acusación pública ha aludido también a la supuesta incomodidad que, según Trapero, sintió por la actuación de la Generalitat en el proceso soberanista. “Si sintió cierta incomodidad, ¿qué hizo para no sentirse incómodo?”, ha subrayado antes de recalcar que la responsabilidad de lo que hicieron los Mossos el 20 de septiembre y el 1-O “es suya”.

Del mismo modo, ha reprochado a los Mossos que “evitaran toda labor preventiva” respecto a los actos de preparación del referéndum, mostrándose especialmente crítico con la respuesta de la Policía autonómica a la iniciativa “Escolas obertas”, que supuso la ocupación previa de los colegios electorales para evitar su cierre. Para él, es una “tomadura de pelo” que los mandos de los Mossos esgrimieran que esperaban que la gente abandonara voluntariamente esos centros de votación, que ocuparon con actividades lúdicas como butifarradas y conciertos. “No es serio”, ha remarcado.