Estado de alarma

Vox asegura que magistrados del TC ponen “obstáculos” para fallar sobre el recurso del estado de alarma

Ignacio Garriga será el director de campaña a los comicios gallegos y vascos donde los de Abascal aspiran a hacer de "ancla" en los parlamentos

VOX retoma las ruedas de prensa presenciales en su sede nacional
El miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y portavoz adjunto del partido en el Congreso, Ignacio GarrigaEduardo Parra / Europa Press22/06/2020Eduardo ParraEuropa Press

Vox inicia la campaña a las elecciones gallegas y vascas que se celebrarán el próximo 12 de julio con el convencimiento de que podrá ser “ancla” y condicionar en los parlamentos gallego y vasco. El partido ha elegido como jefe de campaña al diputado catalán, Ignacio Garriga quien ha asegurado en rueda de prensa que para la formación consideraría como un “éxito” el hecho de plantear una campaña donde ya se puede dar voz a millones de españoles, ir donde se les dice que “no tienen cabida” y enfrentarse a “las hordas Bilduetarras”. “El hecho de darles voz y estar con ellos denunciando las tropelías del nacionalismo, ya es un mero éxito. Pero estamos convencidos que podremos llegar a hacer de “ancla”, frente a las derivas nacionalistas y país vasco”. Los de Abascal se presentan como garante para “detener la deriva nacionalista de Feijóo” en Galicia y en País Vasco “dar voz a todos los silencios”.

Tanto Garriga como el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé denunciaron los ataques a los que se enfrentaron en esta semana de precampaña tanto Abascal como el secretario general del partido, Javier Ortega Smith en San Sebastián y criticaron que con ello “hemos vuelto al tiempo en el que los políticos que no cobran, que lo hacen por amor a España, tienen que pedir el auxilio de escoltas personales”.

A esos extremistas de izquierda “les devolvemos su odio y su desdén, despreciándoles”, dijo. Criticó a quienes se “llenan la boca de hablar de esto” y sin embargo no defienden la libertad. “Siguen sin condenar los actos de violencia que sufre Vox”, recordando. Los candidatos de Vox en el País Vasco han solicitado al partido protección y Buxadé indicó que, el ministerio del Interior que es muy “eficaz” para monitorizar las redes sociales, “tiene que ser quien ofrezca dicha protección para nuestros candidatos”. “Estamos ansiosos de ver cómo persiguen estos delitos de odio” y siguen impulsando el manifiesto que presentaron la semana pasada donde espera que los partidos se adhieran por unos comicios en libertad.

Resolución del TC y homenaje

Vox consideran que la única garantía es la de los tribunales, y destacó Buxadé, que el partido aún está esperando la sentencia del Tribunal Constitucional al “estado de excepción encubierto” en el que se convirtió el estado de alarma que ya ha concluido. “Nos consta que hay magistrados del Constitucional que ponen obstáculos para retrasar esa sentencia por razones no jurídicas”, denunció. Sobre ello, subrayó que tienen conocimiento de que el TC tienen este asunto encima de la mesa y existe un “obstáculo de oportunidad política” para no dictarlo. Buxadé consideró que no hay ni un solo jurista que no coincida que se ha llevado a cabo un “abuso” de ese estado de alarma y estima que es urgente que resuelva ante un posible rebrote en octubre para que no vuelvan a confinarnos de la misma manera.

Sobre el homenaje del Gobierno a las víctimas de la Covid-19 al que no acudirá Vox, recordó Buxadé que los funerales de Estado los convoca el Rey y no un presidente del Gobierno. Además, se preguntó qué homenaje se va a hacer cuando el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón indicó el sábado que hay 13.000 fallecidos que “están por ahí, y que hay que buscarlos”, lo que consideró un “insulto”. Asimismo, se mostró convencido de que será una “ceremonia civil exculpatoria del Gobierno”, cuando las víctimas requieren de justicia, memoria y dignidad. Vox no se plantea llevar a cabo ningún acto alternativo, y ofrecen su apoyo y animan a las víctimas de la Covid a que reclamen administrativa y judicialmente las responsabilidades del Gobierno no solo penales sino también económicas.