Los autores del libro sobre el Pazo de Meirás hablan de un proceso “coercitivo” en su compra

Los autores del libro “Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio”, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, han asegurado en la segunda jornada del juicio que se celebra en La Coruña para dirimir la titularidad del inmueble, la existencia de un proceso “coercitivo” para su adquisición, con listas negras para los “malos patriotas”, así como documentación que acreditaría, según expusieron, que se entregó a Franco en su condición de “jefe del Estado”.

A preguntas de la abogada del Estado, ambos se remitieron a la documentación de ayuntamientos, pero también de otros organismos, entre ellos el elaborado por un teniente coronel, que cifra en “millón y pico de pesetas lo recaudado” a través de la suscripción promovida por la llamada “Junta pro Pazo”, creada en 1938 para regalar a Francisco Franco una propiedad en Galicia.

“Lo adquiere, amplía y mejora”, señaló Babío sobre la “Junta pro Pazo”, incidiendo en que su objetivo con la donación era “convertir La Coruña en la capital del Estado durante un mes”. Y es que en la escritura de 1938, por la que este organismo compra el inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bázan, se centra la demanda del Estado. Según la tesis de la demandante y de las demás administraciones intervinientes –Xunta, Diputación coruñesa y ayuntamientos de Sada y La Coruña– esto demostraría que su transmisión a la familia Franco en 1941 se hizo mediante una “venta simulada”.

En relación a este debate que centró parte del juicio, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manoel Núñez Seixas admitió que “el plan” inicial se vio modificado “por la voluntad de que ese regalo no se efectúe al Estado, sino a Franco como persona privada”, en referencia a la venta de 1941. “Pero respecto a las funciones no cambia”, añadió vinculándolo a la figura de Franco como jefe de Estado.

En sus intervenciones, los testigos insistieron en el fracaso de la cuestación popular y rechazaron, a preguntas de los abogados de la familia Franco, que hubiese una “cierta voluntariedad”, con excepción de determinados casos.

Sobre las suscripciones populares se manifestó Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos que realizó, en 2018, un informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el inmueble. “Había mecanismos de coerción, desde las visitas de milicianos a las familias puerta por puerta hasta la elaboración de listas negras”, dijo sobre suscripciones similares a la empleada, según se expuso en el juicio, en Meirás. “No era lo mismo pedir para los heridos en el frente que para que al caudillo se le comprara un pazo”, añadió sobre el fracaso de la cuestación popular. “La Falange pasaba por las casas”, añadió Carlos Babío en otro momento de su intervención.

Acerca de quién asumía los gastos, “del análisis de la documentación puedo afirmar que la Casa Civil –organismo que se encargaba de todos los aspectos de la vida diaria de Franco– pagaba absolutamente todo lo que tenía que ver con las necesidades de intendencia”, explicó Babío, que sostiene que “la línea que separaba lo público de lo privado era difusa o inexistente, en el mejor de los casos difusa”, y que “Franco no pagaba nada”.

Ambos historiadores, testigos-peritos a petición de la parte demandante, la Abogacía del Estado, detallaron durante seis horas su proceso de investigación sobre todo lo relacionado con este pazo que les llevó a publicar en 2017 el citado libro y algún documento posterior.

Preguntados por la parte actora si hay alguna prueba de que Franco pagase los gastos de gestión de Meirás, Pérez indicó que no han “encontrado ningún documento que pruebe que haya reembolsado los gastos”.

La defensa de los Franco mostró un documento de pago de la cuenta particular de Franco, que para Babío es una cuenta que gestiona la Casa Civil “porque tiene la carátula” de esta institución.

Según este, denunciado en dos ocasiones por la familia Franco, los gastos fijos de la residencia de verano de Franco son computados por Casa Civil, también los relativos a oficinas, y así en algunos documentos “el Pazo de Meirás figura como una dependencia de El Pardo”.

Los documentos que se utilizan para relacionar las necesidades de intendencia o gastos “son los mismos” en el caso de Meirás que de El Pardo, la vigilancia en ambos casos “es análoga”, y hay comunicación diaria entre Meirás y Casa Civil, incluso, afirmó, hay valija todo el año entre ellas.

También señaló Carlos Babío que “era vox populi” que los recibos de contribución del pazo los pagaba el Ayuntamiento de Ferrol, “es evidente”, añadió, y precisó que abonó dos recibos semestrales hasta 1975 de 1.560 pesetas cada uno, sin poder facilitar un contraste documental.

En su declaración, el catedrático Núñez Seixas admitió que Franco figuraba como “contribuyente”, en referencia al pago de la contribución, aunque apostilló que no le consta que “pagara nada”.

Tras la muerte de Franco, Xosé Manoel Núñez Seixas reconoció que el inmueble pasó a manos de los herederos como “bien privado”, algo que Manuel Pérez Lorenzo relacionó con la escritura de 1941. “Pasa a la familia Franco por una inscripción que existe”, reconoce sobre este documento puesto en cuestión por la Abogacía del Estado y cuya legalidad defienden los Franco.

“Qué se puede esperar de unos señores que son del Bloque Nacionalista Galego, si ni siquiera han reconocido las afirmaciones de su propio libro”, señala a este periódico Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los Martínez-Bordiú Franco.

Considera el también portavoz de la familia que decir que los gastos del pazo “lo pagaba la Casa Civil es evidente y lógico, porque era la residencia del Jefe del Estado. No es un extremo controvertido. Y otros gastos los pagaba él, eso es así, una cosa no quita la otra”.

En su opinión, los testigos-peritos “defendieron la tesis del Estado, que la finca fue un obsequio a la Jefatura del Estado. Iban perfectamente aleccionados”, afirma.

Muestra Utrera-Molina su extrañeza por “negar la evidencia del Ferrol”, en el sentido de que el consistorio acaba de hacer público un documento donde asegura no haber encontrado referencia alguna respecto al pago de la contribución de Meirás por parte de ese ayuntamiento. “Dicen que es la memoria oral, que es vox populi y lo saben, sin aportar ninguna prueba”, lamenta. “No hay ningún rastro, pero se sabe”, critica el argumento de los testigos. “Es mentira, es una afirmación absolutamente infundada, y nosotros tenemos todos los recibos que demuestran el pago del IBI por parte de Franco”.

Considera positivo el abogado que “Núñez Seixas sí ha reconocido que Franco pagó la contribución y que el pazo se le dio a su persona, no en su condición de jefe de Estado, y se trata del presidente del comité de expertos”, señala Luis Felipe Utrera-Molina. “Y respecto a que la idea era otra en principio pero después se cambió, dijo no tener documentos o pruebas”.

En opinión del que fuera albacea de Carmen Franco, “los tres testigos han reconocido que quieren que perdamos. Después de esto la credibilidad de un testigo hay que ponerla en tela de juicio, sobre todo cuando la mayor parte de las cuestiones planteadas por nuestra defensa sobre su libro decían que había que matizarlas. Han incurrido en contradicciones evidentes porque cuando escribieron su libro no sabían que la estrategia del abogado del Estado era esta”.

“Hoy Franco era más honesto”, asegura respecto a las declaraciones acerca del uso de los fondos que procuraba la explotación agropecuaria del pazo. “Ahora dicen que era para la Casa Civil y en el libro consta que se lo quedaba él. 180.000 pesetas de la venta de madera”.

Acerca de las aportaciones, “si todas eran forzosas”, asegura, “¿cómo pueden decir que la suscripción popular fue un fracaso? No entiendo que lo fuera. ¿Cómo entonces, amenazada, la gente no ponía una peseta?”, se pregunta el abogado.

Concluye el letrado con una reflexión acerca de la deriva a la que, en su opinión, se quiere llevar el juicio. “El Gobierno tiene interés en meter un trasfondo político en un tema que se basa eminentemente en términos jurídicos sobre el derecho de propiedad. Es puro derecho civil, meter la política aquí es adulterar el proceso judicial. Esto no es un juicio político”.