Las picardías de la ministra

La reunión entre la Ministra de Exteriores y Picardo, Ministro principal de una colonia británica en suelo español, ha cogido por sorpresa a los que no conocen el guión oculto del Gobierno de Sánchez en esta cuestión. Los que sí lo conocen no se han extrañado demasiado, porque este tête à tête es solo un paso más en el rosario de cesiones gratuitas que España está haciendo y que culminará con el blanqueo de uno de los paraísos fiscales más popular entre los inversores internacionales, con la renuncia a aprovechar el Brexit para resolver un conflicto anacrónico y con una ocasión histórica perdida para establecer una solución temporal que garantice la prosperidad de los gibraltareños y de nuestros compatriotas en el Campo de Gibraltar, cuya renta per cápita es seis veces inferior a la de los llanitos. A mí tampoco me ha extrañado porque cuando no se tiene una idea de España, da lo mismo que haya una colonia en España que sentarse con Junqueras y Torra a discutir la autodeterminación de Cataluña. Cuestiones, las dos, que afectan a la integridad territorial, a la dignidad nacional y esencialmente a la soberanía nacional.

Esta política de apaciguamiento (Chamberlain, Conferencia de Múnich, 1938) no es nueva. El Ministro Moratinos, un gran diplomático, la puso en marcha en tiempos de Rodríguez Zapatero con resultados perfectamente discutibles. Lanzó un Foro Tripartito en el que se sentaban en pie de igualdad los representantes de España, los del Reino Unido y los de Gibraltar. Trinidad Jiménez, mi antecesora en el cargo, lo congeló cuando los gibraltareños se empeñaron en discutir sobre cuestiones de soberanía. Moratinos acabó también con las restricciones del tráfico aéreo con origen-destino en un aeropuerto construido en un istmo que no se cedió en el Tratado de Utrecht (Acuerdo de Córdoba, 2004) y que los británicos han ido ampliando cada vez que hemos sido débiles. En Naciones Unidas Moratinos accedió a incluir en la Resolución sobre Gibraltar, la expresión «deseos»: una sola palabra, pero que lo cambiaba todo. Hasta entonces, se instaba a los dos Gobiernos a descolonizar Gibraltar respetando los «intereses» de la población; a partir de entonces –y hasta que llegamos nosotros- se incluyó la palabra «deseos»: la autodeterminación por la puerta de atrás.

Nada más tomar posesión, hice cuanto pude para revertir esta situación: sustituir el Foro Tripartito por otro en el que estuviesen España y el Reino Unido y, también, la Junta de Andalucía o la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar; la derogación del Acuerdo de Córdoba (2004) y la vuelta al Acuerdo de Londres (1987) para utilizar conjuntamente el aeropuerto. En Naciones Unidas aclaramos que solo se podrían tener en cuenta los deseos de los gibraltareños que fuesen conformes con la legislación internacional, lo que excluía cualquier referencia del principio de autodeterminación. En Bruselas denunciamos

el contrabando de tabaco, los abusos medioambientales y las distorsiones que los privilegios societarios y fiscales suponían para la competencia.

Cuando supimos del Brexit, dimos un paso mucho más atrevido. Las leyes europeas se aplican en Gibraltar porque un Estado miembro se hace cargo de sus relaciones exteriores. Cuando el Reino Unido se vaya, Gibraltar pasará a ser territorio tercero, en contra de los deseos de la población gibraltareña. La única fórmula para que esto no ocurra es que España se haga cargo de la política exterior del Peñón. La fórmula de la cosoberanía no es nueva: estuvo a punto de hacerse realidad en las conversaciones entre José María Aznar y Toni Blair a principios de este siglo. No salió entonces, entre otras cosas, porque los gibraltareños no veían ningún aliciente en aceptarla; ahora sí lo tienen porque si la aceptan seguirán formando parte de la UE, y si no la aceptan quedarán fuera.

La codecisión se aplicaría, según nuestra propuesta, a la política exterior, a la de defensa y a la de inmigración. En todo lo demás, Gibraltar gozaría de una autonomía muy amplia, acogiéndose a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Española. Los gibraltareños gozarían de una doble nacionalidad y, lo que es más importante, se establecería una zona económica especial que incluyese el Peñón, el Campo de Gibraltar y Ceuta. ¿Para hacer qué? Para permitir fabricar o ensamblar muchos de los bienes que pasan por el Estrecho y que ahora se van a Róterdam o a otros puertos europeos, siempre y cuando se destinen a la exportación. Y también para convertirse en plataforma logística de las empresas que quieran aprovechar los fondos europeos que necesariamente vamos a tener que destinar al desarrollo del Magreb, si no queremos que nos desborde una inmigración irregular que no dejará de crecer.

Cuando salí del Ministerio la política cambió. La cosoberanía dejó de interesar y se prefirió explorar soluciones concretas a los problemas concretos. La llegada de Sánchez no hizo más que acentuar esta deriva. No se incluyó en la Declaración Política que acompañó al Acuerdo de Retirada del Reino Unido una cláusula que obligase a los negociadores a respetar la legislación internacional; cosa que sí hicieron los irlandeses con los acuerdos de Viernes Santo. Se ha celebrado un acuerdo fiscal en que se blanquea Gibraltar a cambio de nada y ahora se reconoce a Picardo el estatus de interlocutor internacional con el que siempre soñó. Exteriores ha intentado quitar importancia al asunto diciendo que se trata de un encuentro informal y no programado. En política internacional esas cosas no pasan: no estamos ante una picardía de González Laya como tampoco fue picardía la recepción de Ábalos a Delcy Rodríguez. Comulgamos con ruedas de molino en un despropósito infinito.