El Gobierno ha certificado hoy su primera derrota parlamentaria de la legislatura. La debilidad de la coalición en el Congreso de los Diputados se ha visualizado con la derogación del decreto del superávit de los ayuntamientos. Toda la oposición se ha unido en contra, haciendo suya la “rebelión de los alcaldes” y la norma solo ha contado con el apoyo de PSOE, Podemos y Teruel Existe (156 síes). Consciente de la situación, el Ejecutivo lanzó ayer una oferta de última hora a la oposición para intentar lograr la convalidación del decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), proponiendo que una parte del fondo de 5.000 millones -prometido a los ayuntamientos a cambio del uso de su superávit- esté ligado a la población y no al remanente.

Destinado a permitir que los consistorios sorteen durante la pandemia la Ley de Estabilidad Presupuestaria que les impide usar sus remanentes, el acuerdo se aprobó por la mínima en la FEMP y hoy se sometía a debate y votación en el Congreso con toda la oposición en contra y el rechazo de muchos ayuntamientos tanto del PP como del PSOE a la cesión voluntaria del superávit al Estado. Incluso el PNV, habitual apoyo del Ejecutivo, se ha mostrado contrario a la misma.

Desde el Gobierno se asumía ya antes de iniciarse el Pleno que perderían la votación, porque los contactos habían sido estériles. En Moncloa defienden que lo único que ha buscado el Ejecutivo es “buscar una salida para que los ayuntamientos dispongan de sus recursos”, tras una ley de Cristóbal Montoro que “limitó su autonomía”. En un primer momento, la ministra María Jesús Montero aseguró que no tenía alternativa a la fórmula de la cesión voluntaria de los remanentes al Estado para usarlos como préstamo y, además, ponía sobre la mesa un fondo extra de 5.000 millones adicionales. Posteriormente, se flexibilizó la postura y se pidió aprobar el decreto, como proyecto de ley para poder negociar los aspectos más controvertidos, dejando en suspenso la parte que no compartía la oposición.

En vísperas de la votación y ante el riesgo de derrota, Hacienda volvía a ceder en su postura y ofreció que parte de ese dinero prometido a los ayuntamientos se pueda repartir sin condiciones, es decir, sin necesidad de ceder remanentes al Estado y permitiendo que accedan también los ayuntamientos sin superávit. El porcentaje se estaba determinando y se hablaba de entre el 40 y el 60% del fondo. Finalmente decaerá al no tener apoyos. Será la segunda derrota a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez durante su mandato, después de que en la anterior legislatura, sus ahora socios de la coalición no apoyasen el decreto del alquiler.