Sánchez no ha recuperado la justicia universal pese al encargo de Delgado a un consejo asesor: "Quedó en nada"

Moncloa no ha modificado la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 que restringió la capacidad de respuesta de los tribunales españoles para investigar crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia de Dolores Delgado (quien ahora investigará en la Fiscalía la matanza de Gaza) creó un consejo asesor para recuperar la jurisdicción, pero el resultado ha sido nulo. "Quedó en nada", afirman voces conocedoras de los hechos a LA RAZÓN.

Se da la circunstancia de que en 2015 el entonces secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por anular la contrarreforma del Partido Popular para que los tribunales españoles pudieran recuperaran la competencia para investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el extranjero.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha dado ningún paso en esa dirección y ello pese a que el Grupo Parlamentario de Sumar presentó el 8 de diciembre de 2023 una proposición de ley para facilitar que los tribunales españoles pudieran perseguir y enjuiciar las violaciones de Derechos Humanos más graves, como ocurre en estos momentos en Gaza. La proposición fue tomada en consideración con el voto en contra del PP, Vox y UPN. pero el grupo socialista bloqueó su aprobación, según las fuentes consultadas.

La propuesta del consejo asesor

También quedaron en papel mojado las conclusiones alcanzadas por el consejo asesor que creó el Ministerio de Dolores Delgado para recuperar la jurisdicción universal. La actual fiscal de Sala de Memoria Democrática impulsó durante su mandato un órgano integrado por cuatro expertos de primer nivel en Derecho Internacional y en asuntos relacionados con la defensa de Derechos Humanos.

Fuentes conocedoras de los hechos confirman a LA RAZÓN que, pese al trabajo desarrollado durante meses y a haberse emitido un dictamen de propuesta de modificación legal basado en el modelo de justicia universal colaborativa, el asunto quedó en agua de borrajas. Dicho consejo trabajó en la recuperación de la jurisdicción universal, pero no en los términos en los que los contemplaba la versión inicial de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sino más bien a la primera reforma del artículo 23 de la norma que se llevó a cabo en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta primera modificación se limitó el principio de justicia universal puesto que se exigió que los hechos a investigar en los tribunales domésticos, tuvieran algún vínculo de conexión con España. Ello acotó notablemente la competencia de los tribunales españoles para investigar violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el extranjero y propició, además, el cierre de muchas causas entonces vigentes.

Sin modificación legal desde 2014

Con todo, la gran estocada a este principio se produjo con la reforma introducida en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La modificación del artículo 23.4 de la LOPJ acotó todavía más la competencia de los tribunales españoles en este asunto, a la par que impidió el ejercicio de la acusación popular. En concreto, se restringió la investigación de los delitos de genocidio y lesa humanidad a que el procedimiento se dirigiera contra un español o contra un ciudadano extranjero "que resida habitualmente en España".

Esta modificación "exprés" de la ley propició el cierre de importantes causas que se seguían en los tribunales, como fue la investigación por el asesinato del cámara José Couso en Irak en 2003 o la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el expresidente chino, Hu Jintao, por genocidio en el Tíbet. De hecho, expertos en Derecho Internacional aseguran que esta última causa tuvo mucho que ver en la reforma de 2014.

En cualquier caso, el actual Gobierno no ha activado ninguna modificación legal pese a lo anunciado por Sánchez hace una década. Es más, el consejo asesor creado por Dolores Delgado en Justicia no se reactivó en ningún momento en los posteriores mandatos de este Gobierno, incluido durante el del actual ministro del ramo, Félix Bolaños.

La Audiencia no puede investigar a Netanyahu

La cuestión vuelve a cobrar importancia a raíz de la masacre del Ejército israelí en territorio palestino y, más concretamente, en la Franja de Gaza. Con la actual ley se torna prácticamente imposible que España pueda investigar en los tribunales al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.5 a) que determina que los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden perseguirse en España si se investigan en un tribunal internacional.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene abierto un caso contra Netanyahu al haber ordenado su detención a finales del año pasado. Precisamente por ese motivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la admisión a trámite de una querella interpuesta contra un activista español contra el político y otros miembros de su Gobierno y del Ejército por atacar la flotilla de la libertad.

Como desveló LA RAZÓN este jueves, el Ministerio Público apeló a la falta de competencia de los tribunales españoles, de manera que la última palabra está ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sobre el que recayó la querella. Las fuentes consultadas vaticinan que el magistrado Antonio Piña atenderá el criterio de la Fiscalía y archivará las diligencias.

El criterio de la Fiscalía

Con todo, apenas horas después de publicarse este informe fechado el 16 de julio, la Fiscalía General del Estado hizo pública la apertura de una investigación por las violaciones de los Derechos Humanos en la Franja de Gaza. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, autorizó a la fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, la investigación que, de acuerdo con el decreto firmado este mismo miércoles, se impulsa a raíz de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional "relativo a las acciones del Ejército israelí".

Las fuentes consultadas precisan que esta investigación pasa más por una coordinación con la Corte Penal Internacional, toda vez que el organismo opera bajo el principio de complementariedad. En ese sentido cabe recordar que la Fiscalía española ya impulsó una investigación por la invasión de Rusia en Ucrania y que, a día de hoy, sigue viva. No obstante, en los términos en los que está redactada la ley actual, los tribunales españoles no pueden investigar a Netanyahu, mientras exista el caso de la CPI y mientras sea primer ministro.