Rajoy y su cúpula serán expulsados del PP si les imputan

Pablo Casado rehúye el debate del «caso Kitchen» y habla de la crisis económica y la crisis sanitaria, pero el partido se enfrenta al pánico de ver que sus mensajes quedan ensordecidos por las novedades judiciales o políticas sobre las presuntas operaciones de la cúpula del Gobierno de Rajoy para «borrar» información del ex tesorero del PP Luis Bárcenas que perjudicaba al partido y a su entonces presidente nacional.

La dirección del PP ha asumido que tiene que hacer más estridente su ruptura con estos hechos, pero en cuanto a gestos reales, que vayan más allá de las palabras, su margen es muy estrecho. Hay quien recuerda que les quedaría la posibilidad de abrir un procedimiento interno, como en tiempos del «caso Naseiro» con José María Aznar, en el que Alberto Ruiz Gallardón ejerció de «fiscal» del partido. Pero esta vía no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque generaría mucha tensión, hay más procedimientos judiciales abiertos y el corporativismo de la organización exige que ante todo se apele al mantra de la presunción de inocencia.

A la espera de novedades en el sumario, el partido asiste perplejo al silencio de Mariano Rajoy. No entienden que el ex presidente del Gobierno se mantenga «bajo refugio» con la que le está cayendo estos días a su partido, sin dar explicaciones «a nadie» de los hechos sometidos a investigación judicial, y sin tampoco levantar una mano en favor de sus colaboradores. El ex presidente ha roto comunicación salvo con su círculo más íntimo, con quienes puede permitirse confidencias sobre la etapa sometida al escrutinio judicial y político.

Ayer la izquierda activó ya, en el Congreso, la comisión de investigación contra el PP de Casado por la Kitchen de Rajoy. Y las expectativas para el PP son demoledoras. Será una comisión larga, en la que tendrán que desfilar todos los ex altos cargos del Gobierno de Rajoy con competencia directa o indirecta.

Pueden no contar nada, pero está asegurado el «ruido» que servirá para que el PP siga ocupando espacio en las crónicas del día con sus siglas ligadas al escándalo y a la corrupción. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, más otros tantos cargos políticos pasados y presentes, además de policiales, serán citados por la Mesa de la comisión, que controla la mayoría de izquierdas. De momento, el primer paso ya está dado y la Mesa del Congreso dio ayer luz verde, con los votos de la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, y la abstención de Vox, a la comisión de investigación sobre el «caso Kitchen» y, en paralelo, a la creación de otra para intentar desentrañar, alegan, la trama atribuida al ex comisario Villarejo. Serán, seguro, un circo político, del que caben esperar pocos avances en la verdad cuando los dos asuntos están ya judicializados.

La comisión de investigación sobre Kitchen tiene el respaldo de Ciudadanos, de Más País, Compromís y de los partidos independentistas. Y la de la trama Villarejo nace de la propuesta de ERC, Junts, Bildu y otras minorías. La Junta de Portavoces de la Cámara decidirá la fecha en la que elevará a Pleno la votación de la creación de las dos comisiones, que saldrán sin problema adelante.

Pero a este complicado proceso político que se le ha echado encima al PP se añade la amenaza de que vayan contra el partido por la vía penal, puede hacerlo la Fiscalía o cualquier acción popular que se persone, como responsable a título lucrativo por beneficiarse del presunto uso de dinero público, fondos reservados, en su beneficio. En Púnica está personado el PSOE; en Kitchen, Podemos. Y cualquiera que se persone tiene esa facultad. Es un asunto turbio, donde saben que «hay donde morder», se lamentan en la dirección popular respecto a la estrategia que de la izquierda. Y donde se preparan para el peor escenario posible, a pesar de que Casado y sus portavoces no se cansen de repetir que no tuvieron nada que ver con los hechos hoy sometidos a escrutinio. La defensa de Casado pasa también por redoblar el ataque a la Fiscalía General del Estado, cuestionada ahora por la petición al Supremo para cerrar todas las querellas por la covid contra el Gobierno. Ayer, en un acto con empresarios, el líder popular acusó a la fiscal general, María Dolores Delgado, de defender al Gobierno en vez de cumplir con sus obligaciones institucionales. «Ellos removerán esta basura, pero no podrán tapar ni la crisis económica ni la crisis sanitaria», sentencia el discurso oficial de Génova.