Discotecas y bares de copas tendrán que seguir cerrando a la una de la madrugada

Las discotecas y bares de copas tendrán que seguir cerrando a la una de la madrugada. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar -como reclamaba la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon)- la orden del Ministerio de Sanidad del pasado 14 de agosto que establece esa hora tope para el cierre de estos locales (y que impide que se admitan nuevos clientes a partir de medianoche) para disminuir el riesgo de contagios por la Covid-19. Para la Sala, presidida por el magistrado Fernando Ruiz Piñeiro, en este caso el interés público es “el más necesitado de protección”.

Tras analizar las alegaciones de la asociación y de la Abogacía del Estado, la Sala de lo Contencioso-administrativo del citado tribunal avala que la resolución impugnada se adoptó debido a la situación epidemiológica y el riesgo generalizado para la población por el incremento constante de casos positivos por coronavirus. En su resolución, los magistrados de la Sección Octava respaldan los argumentos esgrimidos por Sanidad para adoptar dichas medidas, teniendo en cuenta -argumentaba- que aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, sí se estaba experimentando un incremento constante de casos en todo el territorio nacional que acarreaba un número creciente de casos graves que requieren hospitalización.

Además, el Ministerio especificaba que durante las últimas semanas se había incrementado “el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos”. Entre estos brotes, añadía, “los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile)”.

Los primeros -hacía hincapié el ministerio que dirige Salvador Illa- son los más numerosos, pero los segundos “afectan a grupos más grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que debido a las grandes dificultades de localización que generan impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control”. Y ese rápido control de la infección -insistía Sanidad- es “esencial para evitar la presión excesiva sobre el sistema asistencial y el colapso en alguno de nuestros hospitales”.

La medida perseguía un objetivo: la necesidad de “controlar la transmisión hasta los niveles más bajos posibles antes de que se recupere la actividad habitual en el mes de septiembre”, por lo que calificaba de “urgentes” las medidas impulsadas.

La Audiencia Nacional deja claro que adopta esta decisión “sin prejuzgar en modo alguno el fondo del asunto” y aunque admite que los perjuicios que ocasiona el cierre a la hora señalada de discotecas y bares de copas son “evidentes”, subraya que “es el interés público el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias descritas en la orden impugnada”.

La asociación catalana de locales de ocio nocturno argumentó para sustentar su petición de suspensión cautelar los “daños irreparables” ocasionados a las empresas del sector y el “riesgo grave para las plantillas laborales de los locales afectados por la resolución”. "Una cosa son las lógicas aunque drásticas medidas adoptadas, en un momento de contagios incontrolados y de origen desconocido -exponía Fecalon-, y otra muy diferente adoptar medidas sin motivación que estigmatizan a estos sectores de forma absolutamente injusta, cuando se admite abiertamente por la administración que no se cuenta con suficientes “rastreadores” para concretar la trazabilidad de los contagios". Los recurrentes alertaban asimismo de “las consecuencias del cambio de un sistema de usos y costumbres provocado por estas medidas” y de la “progresiva y significativa pérdida de clientela” que acarrea y que, supone, vaticinaban, “poner en grave riesgo la subsistencia del sector”.

Para Fecalon la suspensión de la medida era de “absoluta necesidad” para intentar evitar la pérdida de sus negocios y “la oleada de cancelaciones y cierres de hoteles y establecimientos turísticos, ya que la situación provoca una paralización total de una actividad estratégica tan importante para el turismo como es el ocio nocturno”.

Por su parte, la Abogacía del Estado reclamó a la Audiencia que desestimara la medida cautelar al no apreciar “riesgo de perjuicios de imposible o difícil reparación” para la asociación recurrente, a la que en todo caso niega la legitimidad para instar la adopción de una resolución con efectos en toda España, pues según su criterio “solo le afecta la disposición general que dictó la Comunidad Autónoma de Cataluña” al respecto.