Choque en la coalición: Indultos y reforma de la sedición no antes de las elecciones catalanas

El Gobierno no ha escatimado en gestos hacia el independentismo en los últimos meses, con el fin de afianzar la relación con ERC para encarrilar la legislatura. Gestos, eso es todo, que hasta ahora no se han traducido en nada más allá que trasladar una imagen de cierta connivencia con el soberanismo. Sin embargo, la inminencia de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero, comienza a provocar los primeros movimientos en el tablero político, unos movimientos que amenazan de nuevo con hacer temblar los cimientos de la coalición de Gobierno.

Entre PSOE y Unidas Podemos siempre han existido importantes diferencias de fondo sobre el abordaje de la crisis en Cataluña o los líderes del “procés”, a los que los morados consideraban “presos políticos”. Una denominación de la que reniegan abiertamente los socialistas. Ante la necesidad de volver a marcar perfil propio en vísperas de estos comicios, el partido de Pablo Iglesias aprieta internamente para que se pase de los gestos a los hechos, mientras que en Moncloa apuestan por no precipitar los acontecimientos y, en todo caso, desvincular cualquier movimiento del Ejecutivo del calendario electoral en Cataluña.

En concreto, en Moncloa recuerdan que ni los indultos a los líderes del “procés” ni la reforma del Código Penal van a transcurrir deliberadamente de forma paralela a la campaña catalana. En el Ejecutivo aseguran que ambos procesos se desarrollarán siguiendo la tramitación que marca la ley y atendiendo a los informes preceptivos, en respuesta a la petición de Podemos de que los dirigentes presos estén en libertad antes de los comicios del 14-F. En esta línea se ha manifestado hoy el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha señalado que “por salud democrática” los presos deberían estar en la calle para poder hacer campaña, aunque ha admitido también, durante una entrevista en RNE, las discrepancias que hay en el seno del Gobierno sobre esta cuestión.

La tramitación o concesión de indultos, aseguran fuentes del Ejecutivo, se tramitará cuando toque, nunca en función de un calendario electoral. Y recuerdan que el Gobierno está obligado a gestionarlos y actúa siguiendo un procedimiento tasado por la ley, ya que estos presos como cualquier otro ciudadano tienen derecho a que su derecho sea ejercido. En el Gabinete no se atreven a confirman que puedan estar resueltos en uno u otro sentido antes de las elecciones y esta no es la única incógnita que surge. También hay dudas sobre la idoneidad de los mismos. No olvidan los socialistas que el PSC ya hizo campaña en 2017 con la apuesta, innovadora entones, de indultar a los políticos presos y no tuvo buenos resultados. Es más, internamente, el partido de Miquel Iceta recapacitó posteriormente que tanto iniciativa como sus pactos locales con ERC le habían pasado factura al partido.

Pero el choque entre los socios de la coalición no se limita únicamente al indulto, también en lo relativo a la reforma del Código Penal hay discrepancias sobre el alcance y los tiempos que debe llevar aparejada. El ministro de Justicia había asegurado en varias ocasiones que estaría preparada antes de finalizar el año, no obstante, en los últimos días se ha modificado esta previsión, dilatándola hasta entrado el próximo año. Llegará al Congreso cuando tenga que hacerlo, porque si bien se está trabajando en ella, todavía no está preparada, aseguran. “Hay mucho en juego”, advierten, ante las prisas de Podemos por una tramitación rápida.

No solo los tiempos causan diferencias, sino también la redacción final de la misma. Mientras que Podemos ha propuesto a Justicia despenalizar la sedición y que solo sea delito si se utilizan armas, en Justicia trabajan sobre la previsión de adecuar el delito al siglo XXI y al derecho de los países de nuestro entorno, pero sin avanzar más en la rebaja de los tipos penales que llevará aparejada la citada revisión a la baja del delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de consellers de la Generalitat.