Procés

Condenados arremeten contra al TS por esconder una “voluntad de dilatar la resolución” sobre los indultos

Sostienen que la Sala Penal actúa con una “injustificada lentitud” y le insta a emitir su informe sin esperar siquiera el de la Abogacía del Estado

El exconseller Josep Rull (i) acompañado por el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez (d), dos de los han presentado el escrito ante el Supremo
El exconseller Josep Rull (i) acompañado por el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez (d), dos de los han presentado el escrito ante el SupremoSusanna SaezEFE

La defensa del ex presidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de los ex consejeros de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull ha arremetido contra la Sala Penal del Tribunal Supremo al considerar que actúa con una “injustificada lentitud” en lo que se refiere a la tramitación de los expedientes de indulto, que “parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos”. Por ello, le pide que de “de forma inmediata” proceda a emitir su dictamen, en paralelo al que debe realizar la Abogacía del Estado, pero sin tener que esperar a que la representación jurídica del Estado se pronuncie al respecto y que se remita todos los informes de manera urgente al Ministerio de Justicia, para que éste pueda presentar su propuesta al Consejo de Ministros. . Además, solicita que se expulse de Vox de ese procedimiento, toda vez que, se sostiene al respecto, la acción popular no está legitimada para intervenir en la tramitación de indultos.

El escrito ha sido presentado hoy mismo ante el Supremo, el mismo día en que la Generalitatfirmará el decreto con la nueva fecha de las elecciones catalanas, y, aunque no se menciona nada al respecto en el mismo, se vislumbra detrás de ello el que se busca también, con independencia de que los tres condenados están en prisión, el interés por una resolución en un plazo muy breve, para que diese opción a que se pudiesen presentar a las elecciones.

La defensa sostiene, “no sin cierta desazón” que el Tribunal Supremo “no está tramitando los expedientes de indulto con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes”. De hecho, añade al respecto, “parece ciertamente sorprendente” que haya tenido asumir el rol de “tramitador” o “impulsador” de los expedientes de indulto, “sino que más de tres meses después desde la formación de dichos expedientes todavía no se haya evacuado el trámite previsto” en la Ley Reguladora de Indulto, es decir, los informes preceptivos. “Es más, y dicho sea con los debidos respetos, lo cierto es que la injustificada lentitud con la que se están tramitando los expedientes de indulto parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos”, se sostiene al respecto.

Junto a ello, expresa la queja no sólo por el hecho de que no se le haya dado traslado del informe de la Fiscalía -contrario a los indultos-, sino también porque todavía ni siquiera se ha emplazado a la Abogacía del Estado para que emita su dictamen -tal señaló ayer este periódico, ese trámite se producirá la próxima semana-.

Por ello, la defensa, ejercida por el abogado Jordi Pina, insta a la Sala a que se dé el “oportuno impulso procesal a la tramitación de los presentes expedientes”, ya que esta tramitación “debería operar bajo las máximas de celeridad, especialmente teniendo en cuenta que nuestros representados se encuentran privados de libertad”.

Remisiòn urgente a Justicia

En paralelo a la anterior petición, se insta a la Sala Penal para que emita su “preceptivo informe sobre la idoneidad de conceder el indulto interesado de forma inmediata”, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la presentación de la petición de los indultos, “sin esperar a que la Abogacía del Estado presente sus respectivos informes sobre la concesión de los indultos a nuestros representados”

Y, una vez cumplimentado lo anterior, “proceda a remitir los expedientes de indulto al Ministro de Justicia sin mayor dilación” para que eleve su propuesta al Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra sobre la concesión del indulto, y, en su caso, si es total o parcial.