En 2020 se registraron 13.006 delitos o faltas por ocupación de inmuebles

Ofensiva parlamentaria para acabar con la lacra creciente de la okupación. El Congreso de los Diputados debate mañana la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la “ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios”, impulsada por el Grupo Popular, que tiene por objetivo “un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico” para “la protección de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y las cosas ante situaciones de ocupación ilegal de cosa inmueble”.

Con dicha proposición los populares tratan de combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas que crecieron hasta un 5 por ciento en el primer semestre de 2020 a pesar de los tres meses de confinamiento por la pandemia. En España, según las estadísticas, cada hora son ocupadas dos viviendas.

Proteger la libertad

Entre las medidas que defienden los populares y que propone en esa proposición estaría la de reforzar el delito de usurpación para que lleven aparejadas condenas de uno a tres años de cárcel, después de que el “PSOE las haya rebajado a unas multas” ya que considera que las actuales medidas son escasas.

También contempla, entre otras, el desalojo de los okupas se produzca en un plazo máximo de 48 horas, y la prohibición a los ayuntamientos para empadronar a las personas que hayan ocupado una vivienda de forma ilegal. También apuesta porque las comunidades de vecinos puedan acudir a los tribunales cuando los okupas realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. Con ello tratan de que el ocupante ilegal de cada inmueble no goce de la protección de morada a domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes. También la proposición contempla el hecho de que, requerido para la desocupación del inmueble por la autoridad pública o sus agentes “deberá desalojar voluntariamente el inmueble ocupado en un plazo máximo de 12 horas o acreditar en dicho plazo el título jurídico que le autoriza o atribuye dicha posesión”. En caso de que no se pudiera acreditar en dicho plazo la autoridad pública o sus agentes procederán al lanzamiento de inmediato en el caso de que no se hubiera producido el desalojo inmediato.

Además, los populares defienden una reforma del código penal para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente y que se imponga penas superiores en grado si la ocupación ilegal hubiera durado más de 15 días.

Ocupación inmuebles

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante 2020 tramitaron un total de 13.006 delitos o faltas por ocupación de inmuebles según se desprende de la respuesta escrita que el Ministerio del Interior dio a la diputada popular Ana Belén Velázquez. En dicha ocupación de inmuebles se incluye tanto el allanamiento de morada como la usurpación que, estando vacíos o no fueron ocupados.

Por comunidades autónomas Cataluña es el que más delitos de okupación llegando hasta los 6.259 de los cuales 4.527 fueron en Barcelona. Le sigue Andalucía con un total de 2.009 delitos o faltas por ocupación, Madrid con 1.107 y la Comunidad Valenciana con 1.082.