Los Franco fijarían la indemnización por Meirás una vez agotadas las vías judiciales

Los abogados de la familia Franco preparan el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Provincial de La Coruña que ratificó que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, según ha confirmado a LA RAZÓN su letrado y portavoz, Luis Felipe Utrera-Molina.

El plazo arrancó el pasado 15 de febrero, tres días después de la sentencia de la Audiencia coruñesa, y los veinte días hábiles para recurrir vencen el próximo 12 de marzo. “Estamos trabajando en ello”, dice el abogado.

La Abogacía del Estado decidió no recurrir el fallo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña, que rechazó “mala fe” –como sí consideró que había el primer fallo– por parte de los Franco y ordenó además indemnizarles por el mantenimiento del inmueble, aunque “por ahora no se ha fijado cantidad alguna”, asegura Utrera-Molina. “No hemos reclamado nada porque vamos a recurrir la sentencia, no estamos pidiendo la liquidación del estado posesorio”, explica, “si tenemos que hacerlo, ya lo cuantificaremos”.

Se ha hablado de 800.000 euros, pero el abogado dice que es “una cifra que figura en la contestación a la demanda” y “solo aproximada del coste de la reconstrucción”. Es una cantidad además que “no está cerrada”. De hecho, se aportaron facturas “por más” de esa cifra, “pero no fue una aportación exclusiva ni exhaustiva”. A eso “habría que sumarle el resto de los gastos en 45 años”, por lo que “evidentemente la cantidad sería mucho mayor, y si tienes que actualizar las cifras sale mucho más dinero”, razona el letrado, para quien “solo el impuesto de bienes inmuebles desde 1975” hasta hoy supone un monto “considerable”.

Representantes del ámbito de la cultura y la lucha social exigieron al Estado a través de un manifiesto que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el Pazo de Meirás “para impedir que se perpetúe el expolio y el relato franquista”.

Para Luis Felipe Utrera-Molina se trata de dar “importancia” a algo que “no tiene”. “El único que puede recurrir es el Estado”, y aunque ha dicho que no lo hará, pese a que –dice el abogado– “ya sabemos que dice una cosa y la contraria con mucha facilidad, con lo que tampoco es impensable que cambie de criterio”, afirma. Considera el letrado que “desde un punto de vista técnico-jurídico la razón por la que el Estado no recurre el pronunciamiento respecto a la buena fe es que, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, la valoración de la existencia de esa buena fe es un elemento de hecho que no admite ser revisado en casación”.

Argumenta Utrera-Molina que “los motivos de casación están muy tasados y el Supremo solo admite una posible revisión cuando existe una absoluta y palmaria falta de motivación”. Pero “no es el caso”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña “es muy prolija y contundente en la motivación de la existencia de buena fe”, continúa, “por lo tanto estamos hablando de un hecho probado, que no admite su revisión en fase de casación ante el Supremo”. Así que, en su opinión, “la razón [de no recurrir la sentencia] no es política, sino jurídica”. Apunta el abogado que “con buen criterio, el Estado entiende que lo que ha hecho la sentencia es darle la razón a su demanda inicial, que cambiaron sorpresivamente en la audiencia previa del juicio diciendo que había mala fe cuando antes habían reconocido la buena fe”.

Con estas consideraciones, el manifiesto “Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático”, promovido por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro ‘Un pazo, un caudillo y un expolio’, puede interpretarse, dice el letrado de los Franco, como mero “derecho al pataleo”.

En el proceso judicial sobre Meirás, un asunto que ha levantado cierta polémica es la presencia de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el acto formal de la entrega del pazo, el pasado 10 de diciembre. En una respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la que criticaba la “escenificación”, el Gobierno ha justificado su presencia como representante de la Administración General del Estado.

Luis Felipe Utrera-Molina es rotundo: “No es verdad que fuera necesaria la presencia de la abogada general del Estado, porque mis clientes consignaron las llaves en el juzgado, cumpliendo voluntariamente con la ejecución provisional solicitada”, y “no era necesaria” esa “escenificación”. Para el letrado “hubiera bastado con que el propio juzgado le hubiera entregado las llaves al abogado del Estado jefe de La Coruña, una vez consignadas el día anterior”.

Lamenta por este motivo “un acto de cara a la galería, innecesario y estéticamente muy discutible, más de propaganda que meramente jurídico”.

Francisco Franco Martínez-Bordiú advirtió días antes de que no se prestarían a formar parte de “un circo y sus payasos”. Su abogado ratifica ese aviso, y “cualquiera que tenga un mínimo de experiencia profesional en la abogacía sabe que los jueces normalmente no participan personalmente en una entrega de llaves”.