Iglesias exigió tener derecho de veto sobre los nombres del PP para el CGPJ

La negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha encontrado con el previsible escollo de los vetos cruzados entre PP y Podemos. Conciliar un acuerdo de reparto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, que permita, al mismo tiempo, que el PP diga que no está Podemos en el cambio de cromos, y que los morados sostengan que sí han conseguido colar dos nombres suyos, como están negociando con los socialistas, es como la cuadratura del círculo. El PP veta nombres de los morados y los morados pretenden, a su vez, devolver la monera al partido de Pablo Casado. El miércoles Podemos ya amenazó con volar el pacto sobre RTVE porque en el Poder Judicial se les imponía la renuncia a sus dos nombres estrella: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.

Las tres partes necesitan encontrar un relato que les permita sostener que no se han saltado sus líneas rojas. Y las líneas rojas son tan incompatibles que no pueden ganar todos al mismo tiempo. La dirección popular fijó que en la negociación y en el reparto no participara Unidas Podemos. Y todo su discurso lo han construido sobre el argumento de que esta exigencia ya ha sido aceptada por el PSOE. Sin embargo, el miércoles la parte socialista intentó colar el nombre de De Prada, para conformar a su socio, y el PP rechazó la propuesta y exigió otra oferta.

Todo esto mientras anoche Moncloa anunciaba en un comunicado que Gobierno y PP constataban que hay escollos que impiden alcanzar un pacto tras haber mantenido contactos telefónicos y reuniones durante el día de ayer. Tras este comunicado, fuentes del PP confirmaban que en este momento se constatan diferencias importantes que impiden alcanzar cualquier tipo de acuerdo e insistían que una de esas diferencias es que el PSOE ha planteado que el juez de Prada forme parte como vocal del consejo. Tal y como explican estas fuentes, este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Por tanto se trata de un fraude de ley, un juez que pretende entrar al consejo por la puerta de atrás, por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros. A lo que añadían que el PP mantendrá la coherencia en las condiciones planteadas y que la pelota está en el tejado del PSOE.

Mientras, el CGPJ sigue asumiendo el desgaste de la utilización partidista de la negociación, y ayer optó por paralizar «in extremis» los nombramientos que tenía previsto ejecutar ante la perspectiva de un acuerdo inmediato entre los partidos. Dentro del pulso que se desarrolla dentro de la derecha, el PP no puede permitirse que esta negociación concluya con el titular de que firma un pacto que abre las puertas del Poder Judicial a Podemos, ni siquiera con el sacrificio de Rosell y De Prada. Y la parte morada del Gobierno está dispuesta a mantener el pulso al PSOE, y no retroceder, en base al poder que a día de hoy le da su papel de garante de la inestabilidad estable del Gobierno de coalición. Después del reparto muy marcadamente político del Consejo de RTVE, el resultado del pacto sobre el Poder Judicial se leerá en términos de victoria del bipartidismo o de triunfo del trágala de Podemos. Y en esto es en lo que están los partidos.

La dirección del PP no podía resistir más la presión institucional para que procediera a negociar la renovación de los cargos pendientes. Y esta negociación le ofrece la oportunidad de maquillar el desastre de las elecciones en Cataluña con un golpe en la mesa que confirme que es el partido líder de la oposición, después del efecto impulsor que para Vox tuvo el 14F. Pero, para ello, Génova tiene que firmar un buen acuerdo, que no deje margen para que desde Vox y desde otros satélites de la derecha se les impute haber participado en el blanqueamiento de Podemos en las instituciones.

Los vetos cruzados, en una negociación política y de importantes consecuencias políticas, son los que están entorpeciendo el pacto. Podemos se malicia que en los planes de los estrategas de Moncloa entra la tentación de alimentar el bipartidismo, y jugar a todas las bandas, sin descartar incluso la posibilidad de que Pedro Sánchez, que ya ha demostrado que es «un hábil jugador de póker», pueda barajar a medio plazo dejar caer al incómodo socio de gobierno y buscar esa difícil geometría variable con Ciudadanos, PNV y PP. El escenario catalán tiene que terminar de desenredarse, y éste es otro factor determinante en la evolución de los acuerdos en el Congreso de los Diputados.

Podemos quiere sacar de la lista el nombre del magistrado Alejandro Abascal, a propuesta del PP, y que entra dentro de la cuota que supuestamente ya estaba pactada entre los dos principales partidos, según confirman fuentes de Génova. Abascal es juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Manuel García-Castellón, fue quien reclamó al Supremo la investigación de Pablo Iglesias en el caso Dina.

El PP no tiene margen de cesión por la presión por su derecha y por el centro, una vez que Ciudadanos se ha situado fuera de la negociación en coherencia con su crítica a la politización de las instituciones judiciales. Pero sobre la espalda de Pablo Casado pesa, a su vez, su responsabilidad institucional como líder de la oposición y líder de un partido de gobierno.

Hasta los vocales conservadores del actual CGPJ habían hecho llegar ya su malestar a la dirección popular por la situación de empantanamiento en la que se encontraba el Consejo, como consecuencia del retraso en la obligada renovación de sus vocales, lo que afecta a su normal funcionamiento. De hecho, ayer los vocales se emplazaron a un pleno extraordinario para la semana que viene para tomar una decisión definitiva sobre los nombramientos que iban a ejecutar. El debate fracturó el seno del órgano de gobierno de los jueces.