Estrategia Sánchez: laminar a Podemos y PP con los fondos UE

Moncloa vuelve a jugar con las alianzas y dinamita el pacto para el CGPJ. El PNV critica ya el «desgobierno»

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras una rueda de prensa en Moncloa este viernes tras participar en la reunión del Consejo Europeo Extraordinario sobre el Coronavirus
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras una rueda de prensa en Moncloa este viernes tras participar en la reunión del Consejo Europeo Extraordinario sobre el CoronavirusEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

El fracaso de la negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha leído como la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la coalición con Podemos frente al pacto con el principal partido de la oposición.

Pero la realidad de la política de alianzas parlamentarias es hoy mucho más complicada porque se mueve bajo el principio de que Sánchez se cree en condiciones de poder jugar con todos a la vez. Para debilitar la dependencia de los socios o para aprovechar a su favor las debilidades de la oposición. Es una política llena de riesgos porque puede llevarle a quedarse sin apoyos. El PNV ha empezado ya a quejarse del «desgobierno» y en Ajuria Enea especulan con la idea de que puede haber elecciones mucho antes de lo que se dice.

La negociación para renovar las vacantes institucionales es obligada, y en el PP, lo saben. Dentro del partido de Pablo Casado asumen que tienen que pactar, y hay más disconformidad sobre cómo Madrid ha gestionado esta negociación desde el principio que sobre el resultado del diálogo de esta semana. Si se ponen «condiciones imposibles, no tiene sentido sentarse a negociar», se escucha en las filas populares.

El resultado de las elecciones catalanas, la presión institucional y la necesidad de hacer un gesto que confirme que las siglas del PP representan al único líder de la oposición fueron elementos que pesaron en la decisión de Génova de abrir el diálogo con el Gobierno, sobre la base de esa condición que no tiene marcha atrás, la de que Podemos no participe en la negociación ni pueda decir que tiene representantes en el Poder Judicial. Objetivamente, y aun dentro de la geometría variable con la que fantasean en Moncloa, y en la que avanzan poco a poco en el Parlamento, esa condición es irrealizable por más que de lo pactado se intente disfrazar la realidad. Podemos boicoteará la negociación por estar o por no estar, y prueba de ello es el hecho de que, una vez pactado el reparto del Consejo de Administración de RTVE, el PSOE volvió a colocar encima de la mesa los nombres de los vocales que exigen los morados. Unidas Podemos también quiere un magistrado en el Tribunal Constitucional.

La semana de negociación sólo ha agravado el daño a las instituciones pendientes de renovación, aunque se deje la puerta abierta a retomar los contactos para buscar una salida. En la parte popular atribuyen a una intervención a última hora de Iván Redondo, jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el descalabro. Intervención para cumplir encargo de Sánchez.

Mientras, en el juego político, el Gobierno tiene agenda propia y está forzando la fragmentación del bloque de investidura. En la realidad en la que viven en Moncloa creen que los fondos europeos les darán un fuerte impulso político y que, si llega el caso, incluso pueden estar en condiciones de romper con Podemos y buscar la suma PNV y Ciudadanos, «con el PP en tierra de nadie». «Nadie es imprescindible», dice la consigna oficial, pero aunque el PSOE puede abrirse hacia un lado y hacia otro en el Parlamento, engañar a todo el mundo, al mismo tiempo, acaba generando un coste.

El PNV se ha quejado ya en público y en privado del «filibusterismo» parlamentario con el que se manejan los socialistas, y del desorden en el contenido y en los tiempos de las iniciativas legislativas por el tacticismo con el que tiene que moverse el grupo del Gobierno para sobrevivir a su debilidad en el Congreso.

Pero el bloque del centro derecha también tiene sus sobresaltos. En otra etapa el mensaje del centro derecha estaba asentado en una sola voz, en todas las sedes territoriales y baronías. Ahora, al PP le corta las alas la oposición que le hace Vox por la derecha y Ciudadanos por el centro. Pablo Casado necesita tener liderazgo o un control férreo del partido, y en estos momentos el mensaje que traslada la dirección es que no tienen ninguna de las dos fortalezas. El viejo partido advierte de que en una crisis política, económica o sanitaria no se puede ir a rebufo de un Gobierno. Dicen que hay que decidir si apoyo u oposición, no medias tintas ni virajes. Y también miran hacia el reparto de papeles y ven al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como una especie de «Mesías» del centro derecha, sin moverse del centro, con una relación cada vez más buena con el lendakari, Íñigo Urkullu. «No habrá necesidad de vender Génova, la demolerán unas elecciones generales», auguran las Casandras del PP.

Por otra parte, los rumores de crisis de gobierno los alimentan algunos socialistas, mientras Podemos embiste a un lado y a otro para disimular que Sánchez no les deja gobernar. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tiene más fuerza en el grito que en la coordinación o en la gestión dentro del Gabinete de coalición. Y sabe que en Moncloa echan cuentas del desgaste «podemita» y elucubran sobre las consecuencias de que, llegado el momento, tengan que ejecutar la ruptura con el socio morado y buscar apoyos de Estado en la órbita del centro derecha. Sánchez renegó de Podemos, gobierna ahora con Podemos, y tiene capacidad de sobra como para evolucionar de nuevo hacia la negación de quienes son hoy sus socios.

El futuro nacional depende de cómo quede la negociación en Cataluña porque el candidato socialista, Salvador Illa, lo tiene claro: con Gobierno de ERC y apoyado desde fuera por el PSC, se abrirá otra etapa; con Gobierno independentista, aunque lo presida ERC, la inestabilidad está asegurada. En medio de esta tormenta, cada vez está menos definido el proyecto de país, el proyecto político que lidera el Gobierno, los límites insuperables del Estado de Derecho y hasta dónde puede llegar el federalismo descentralizador con el que el PSOE ha intentado conformar a sus socios de investidura.