Los jueces españoles han dicho basta ante una reforma judicial que consideran que supone un claro menoscabo de la independencia judicial y que atenta contra la separación de poderes y, por tanto, contra el Estado de Derecho, por lo que han pedido que la Comisión Europea intervenga directamente e incluso inicie un procedimiento sancionador contra España si no se rectifica. En concreto, son más de 2.500 miembros de la Carrera Judicial, casi la mitad de sus integrantes, integrados en la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria -las de mayor representatividad- y el Foro Judicial Independiente, los que han reclamado a la Comisión Europea que no permanezca inactiva ante lo que está sucediendo en España con la reforma judicial impulsada por PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Las asociaciones judiciales -todas excepto Juezas y Jueces para la Democracia- se han visto “obligadas” a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento su inquietud ante el “actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España, aun sabiendo que sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna” y a instarle a “una actuación en garantía del Estado de Derecho en España, como valor fundamental de la UE”.

En concreto, se solicita de la Comisión Europea, en primer lugar, que tome conocimiento sobre “el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos”, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), “y con ello su independencia e imparcialidad”. Esta actuación, a juicio de las citadas asociaciones, “pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.

A la vez, se reclama que la Comisión Europea inste directamente directamente al Gobierno para que aborde las reformas legislativas que garanticen la independencia total del Consejo General del Poder Judicial, algo que pasa por la elección directa de los 12 vocales de procedencia judicial. De hecho, se señala “al privar a los jueces españoles de la elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial”, ya que los eligen las cámaras parlamentarias y no los propios integrantes de la Carrera Judicial.

Y, en el supuesto de que no se atienda lo anterior por parte del Ejecutivo español y no se subsane esa situación denunciada,” inicie el procedimiento previsto en el art. 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de Derecho”. El mencionado artículo 7 del Tratado de la UE hace referencia a la posibilidad de sancionar a un Estado miembro, en este caso España, cuando se constata que ha violado algunos de los valores propios de la Unión Europea. En este caso, se trataría de la independencia judicial relacionada con la separación de poderes, es decir, del Estado de Derecho.

Estas peticiones las realizan las asociaciones que aglutinan a más de 2.500 jueces y magistrados después de que se haya aprobado eliminar que el CGPJ pueda realizar nombramientos una vez haya vencido su mandato y la Proposición de Ley que permanece en stand by respecto a rebajar a mayoría absoluta la elección de los vocales, en vez de los 2/3 que se necesita actualmente.

Por otro lado, las asociaciones señalan en su escrito dirigido a la Comisión Europa que, a pesar de que ésta ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, “se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales—, se camina en la dirección opuesta”.

Por ello, se dirigen a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite. La primera reforma, ya en vigor, prevé un “apagón del CGPJ”, al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales); mientras que la segunda reforma prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras legislativas (Congreso de los Diputados y Senado) para la designación de los vocales judiciales, “de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ”.