Una fortuna para mantener el Pazo de Meirás: 180.000 euros solo para vigilarlo

El Pazo de Meirás, pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre la propiedad que reclama la familia Franco –dueña del inmueble durante 82 años–, está suponiendo de momento un importante desembolso al Estado.

Moncloa acaba de hacer público el gasto de los contratos de servicios adjudicados desde el pasado 10 de diciembre para el mantenimiento y la seguridad del Pazo. Asciende a unos 155.911 euros, según se recoge en una respuesta a las diputadas gallegas del PP en el Congreso Tristana Moraleja, María Valentina Martínez y Marta González.

En contestación a la pregunta presentada por escrito el pasado 19 de febrero, el Gobierno, además de detallar unas partidas en las que se no se incluyen contratos de obras y suministros, avanza que está prevista la contratación, ya a largo plazo, de servicios de mantenimiento y jardines y zonas verdes, por un importe aproximado estimado para este año de 40.000 euros, y de vigilancia y seguridad del entorno del inmueble, por un importe en torno a 180.000 euros.

Solo hasta el mes pasado el Ejecutivo había gastado más de 150.000 euros en arreglos en la finca: jardinería, seguridad, reparaciones y limpieza. Importe al que hay que sumar los 400.000 euros de las obras urgentes en el inmueble aprobadas el 16 de marzo en Consejo de Ministros, como reconoció el Gobierno a las tres parlamentarias gallegas.

En la última respuesta, acerca de los contratos de servicios adjudicados se detallan trabajos de puesta a punto inicial de los jardines y zonas verdes del inmueble, por importe de 17.103,35 euros y de mantenimiento por importe de 17.424 euros, cuantía que incluye tres meses.

A ello se añaden el servicio de vigilancia de seguridad del Pazo y del entorno, con una duración estimada de cuatro meses y un importe de 115.000 euros. También se especifican varias reparaciones e instalación eléctrica por 4.440,70 euros y de limpieza, por 1.943,26 euros, en relación a un periodo de dos meses.

Al respecto, el Ejecutivo apunta que, además de seguir realizando la limpieza del inmueble con el coste indicado, «está prevista la contratación, ya a largo plazo, de servicios de mantenimiento de jardines y zonas verdes del pazo, con un importe aproximado para 2021 de 40.000 euros».

A esto suma un servicio de vigilancia y seguridad del entorno del inmueble, con un importe de 180.000 euros para este año, según detalla el Gobierno en su respuesta a las diputadas del PP.

«Es un absoluto disparate», asegura Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los Franco. «La Xunta [de Galicia] se negó a asumir los gastos de seguridad», y la familia tuvo que contratar un servicio de vigilancia desde el momento en que se abrió al público como Bien de Interés Cultural (BIC), más uno de videovigilancia. El coste de mantenimiento y seguridad sería inferior a 3.000 euros al mes, según fuentes cercanas a los Franco. Cifra que abarca los sueldos del matrimonio de guardeses de la propiedad, la vigilancia (unos 300 euros los cuatro días de visita al mes) y la alarma (600 euros al año). «Un disparate», insiste, «es como si cambian un grifo del jardín y ponen uno de oro».

El abogado asegura no tener «muy claras» las «intenciones» del Gobierno facilitando esos datos. «No sé si pretenden que mis clientes tengan que reembolsar esas cantidades si ganan en el Supremo». Incluso «salvando las distancias de que la seguridad en un edificio público suponga un coste mayor que en un edificio privado», no entiende Utrera-Molina las cifras que ofrece el Ejecutivo.

Respecto a las obras por valor de 400.000 euros dice que la familia «se gastaba mucho dinero en mantenimiento». Según Utrera-Molina, «el Pazo estaba en perfecto estado, y es perfectamente comprobable porque pudieron acceder medios de comunicación, técnicos, etc., y si no, no se hubiera atrevido la jueza a montar el espectáculo que montó durante la entrega de llaves, porque habrían sido unos irresponsables, y en absoluto».

La familia Martínez-Bordiú Franco aún «no sabe de qué obras se trata y no ha recibido contestación a su petición para comprobarlo con técnicos propios» –el plazo venció ayer–, pero hasta la fecha «no sabe absolutamente nada». «No es muy normal que si tienes un edificio que no sabes si va a ser tuyo, de entrada te gastes 400.000 euros», concluye Utrera-Molina.