El PP mantiene el pulso y quiere un pacto por la Justicia sin Podemos

Casado no negociará nombres si el PSOE no vota en el Congreso su reforma

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz AyusoCézaro De Luca Europa Press

En Génova creen que se han apuntado ya un buen tanto en la renovación del Poder Judicial, dentro del pulso que mantienen con el Gobierno, después de que Bruselas les haya obligado a retirar del Congreso la ley que rebajaba la mayoría para elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Desde Moncloa han dado a entender estos días que ésta es la cesión definitiva para que, en cuanto pase el 4-M, el PP «se avenga a desbloquear» la negociación y permitir el acuerdo.

Pedro Sánchez aparcó la propuesta en octubre del año pasado, cuando ya habían llegado las primeras advertencias de la UE, aunque entonces se presentó como un gesto de buena voluntad para buscar un acuerdo con el PP que desbloqueara el órgano judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018.

La retirada, sin embargo, no es suficiente para la dirección popular, donde también desvinculan su postura en la negociación del clima electoral.

Pablo Casado va a por todas, según lo que se escucha en su entorno. Y para que haya acuerdo no basta con que la reforma haya sido retirada, ni tampoco sólo con que Podemos se quede fuera de la negociación y del reparto.

La posición de Génova es que el Gobierno debe aceptar todas sus condiciones, y esto implica que asuma tramitar la reforma que ellos han presentado en el Congreso y que, en consecuencia, la vote a favor.

Dentro del margen de negociación parlamentaria. Pero esta vía haría saltar la mayoría de investidura por la marginación de Unidas Podemos. De hecho, el grupo de Pablo Iglesias ya ha mostrado su rechazo a retirar la reforma que cambia las mayorías porque permitiría el control del Poder Judicial a los socios de investidura.

El Gobierno también puede haber calculado mal cuando interpreta que Madrid es la «tumba» de Iglesias y que, por ello, después de las elecciones a la Comunidad de Madrid tendrá más margen para negociar con el PP sin la hipoteca del ex vicepresidente.

El líder de Podemos ha dejado el Consejo de Ministros, pero su partido sigue dentro del Ejecutivo de coalición y sus votos siguen siendo imprescindibles para la estabilidad de Sánchez.

Sánchez retiró la reforma que cambiaba las mayorías un día después del encuentro virtual que mantuvo con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Bruselas y la sensibilidad comunitaria con la defensa del Estado de Derecho ante el fenómeno populista han sido determinantes en esa retirada. En Génova se atribuyen el mérito, y preparan el asalto para forzar sus otras condiciones, y que obligan al PSOE a votar con el PP en el Congreso de los Diputados.

«Estamos en la misma posición que hace un año», insisten. El malestar del Poder Judicial se ha ido haciendo cada vez más creciente ante el bloqueo político.

Desde el PP razonan que no habrá acuerdo en tanto el Gobierno no atienda todas sus condiciones. «Seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa y los vocales del Poder Judicial sean elegidos, al menos la mitad, por jueces. Que es lo que dice la Constitución española para que una mayoría de los jueces sean elegidos por los jueces. Que se refuerce la independencia del Poder Judicial, dejando que 12 vocales fueran elegidos por los jueces. Exigimos la imparcialidad de la Fiscalía (salida de ella de la ex ministra Dolores Delgado) y también que las decisiones del Consejo tengan que adoptarse por tres quintos de los votos para acabar con los bloques que lo dividen. Acabar con la práctica de que juristas puedan entrar en la cuota de jueces y al revés, como pretendía Podemos. Que no se permita ser vocales a quienes hayan sido políticos o ex políticos, y recuperar la elección directa de los 12 vocales que corresponden a los jueces».

La letra de estas condiciones era conocida, lo significativo es que se coloque íntegra encima de la mesa de negociación después de dos años y medio de bloqueo, que está amenazando al buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Desde el Poder Judicial han hecho manifiesto el malestar por la falta de acuerdo, que supone un castigo sobre el Consejo. El Congreso sí aprobó ya la reforma que limita las competencias del Consejo estando en funciones.

La propuesta de reforma de la Justicia del PP lleva en el Congreso desde octubre del año pasado. Se trata, en términos políticos, de una suerte de contrarreforma del modelo de Justicia del PSOE y que confronta con los cambios legales propuestos por el Gobierno para que la cúpula del Poder Judicial la eligiese la mayoría del Congreso, retirada por el rechazo de la UE.

Casado mantiene el pulso y en su entorno sostienen que no entrará en el reparto de nombres si no hay una negociación para llegar a una solución acordada entre los dos principales partidos, como ocurrió con el Pacto por la Justicia de 2001.

El problema es que el contexto político no tiene nada que ver con aquel por la fragmentación y el juego de bloques sobre el que se sostiene la política en general y la propia Legislatura.

En términos estrictamente políticos, en Génova influye la presión de Vox y los efectos de los resultados de las elecciones de Madrid.

Siguen confiando en que Ayuso retendrá el Gobierno regional, pero saben que esto no acallará las dudas sobre si esta victoria es extrapolable a nivel nacional o es fruto sólo del liderazgo de la presidenta madrileña. “Ayuso gana a Vox, ¿pero Casado ganaría a Abascal?”. Con el peso de esta pregunta sobre sus espaldas, Génova cree que no tiene margen para rebajar la presión de su oposición.