Aragonés insiste a las puertas del Supremo: “El 1-O no es delito. Esto es una venganza”

El independentismo ha arropado a las puertas del Tribunal Supremo a la ex consellera Meritxell Serret, que comparece hoy ante el instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena. El magistrado le comunicará su procesamiento después de que Serret decidiese el pasado marzo regresar a España -tras más de tres años huida en Bélgica- y ponerse a disposición de la Justicia española.

El vicepresidente en funciones de la Generalitat ha mostrado todo el apoyo del Gobierno catalán a Serret -procesada por malversación y desobediencia- y ha acusado al Supremo de actuar con “venganza” respecto a los condenados en el juicio del “procés” en el marco de “una causa general contra el independentismo”.

El proceso judicial, ha dicho el coordinador de ERC, “ha sido una venganza y lo estamos viendo en cómo se está aplicando por las autoridades judiciales la ejecución de esta sentencia”. “El hecho de que todo vaya tan lento es una muestra más de que se trata de una venganza”, ha añadido.

El líder de ERC ha reiterado asimismo que al convocar y celebrar el referéndum soberanista del 1-O pese a la prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se cometió ningún delito. “Lo volvemos a decir: el referéndum del 1 de octubre no es un delito. La democracia no puede ser nunca un delito”, ha recalcado.

Serret niega la malversación

Serret ha negado ante el magistrado, según ha explicado a las puertas del tribunal, que desde el departamento que dirigía se asumiese algún tipo de corte del referéndum del 1 de octubre. “No se incurrió en ningún gasto que pueda considerarse delictivo”, ha dicho a los periodistas a las puertas del Supremo tras concluir su declaración.

La ex consellera sí ha reconocido haber recibido “todos los requerimientos del TC” instando al Gobierno de Puigdemont a no llevar a cabo actuación alguna con vistas a la celebración del 1-O. Pero ha seguido defendiendo que ignoró esos mandatos porque asumió “el mandato democratico que teníamos como Govern para sacar adelante el referéndum del 1 de octubre”.

Serret -que como Aragonés ha denunciado la existencia de una “causa general” contra el independentismo- ha afirmado que continuará trabajando, ahora como diputada en el Parlament, para lograr “una solución política para un conflicto político que nunca debería haber entrado por las puertas de este tribunal”

ERC reclama una ley de amnistía

Antes de esa comparecencia, Aragonés había asegurado que la ex consellera acudía al Tribunal Supremo “por su defensa de la democracia y del derecho de decidir de la ciudadanía de Cataluña”. El líder republicano ha defendido “una respuesta política” a la situación de los condenados por el proceso independentista con “una ley de amnistía amnistía que permita dar carpetazo a todo este tiempo de represión” y permita “el ejercicio del derecho de autodeterminación como forma de resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado”.

Aragonés ha situado la declaración de Serret en el marco de una “causa general contra el independentismo”. Además del político republicano, la delegación de ERC que se ha desplazado a Madrid para respaldar a Serret ha incluido, entre otros, a la portavoz del partido, Marta Vilalta.

La ex consejera de Ganadería, Agricultura y Pesca Serret huyó a Bélgica en octubre de 2017, tras ser cesado el Govern por la aplicación del 155, junto a Carles Puigdemont y otros tres miembros de su gobierno, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

Sólo por desobediencia

Serret tomó la decisión de regresar para engrosar las listas de ERC a las elecciones catalanas tras despejarse su situación procesal con la sentencia del “procés”, que absolvió del delito de malversación a tres ex consejeros de Puigdemont -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- al no poderse probar que desde sus departamentos se desviase dinero público para financiar el referéndum del 1-O.

Todos ellos fueron condenados únicamente por desobediencia, un delito que no lleva aparejada pena de prisión, sino únicamente de inhabilitación (un máximo de dos años) y multa.

De hecho, el juez Llarena acordó su libertad provisional y dejó sin efecto la orden de busca y captura que pesaba sobre ella en España, esfumándose desde ese momento su situación de rebeldía.