Malestar de los jueces con Moncloa por delegarles el “estado de alarma”

Las principales asociaciones de jueces y varios magistrados del Tribunal Supremo consultados por LA RAZÓN acusan al Gobierno de “dejación de funciones” y de tratar de “vender humo” al aprobar por real decreto-ley, es decir, un mecanismo que solo se debería utilizar para casos de extraordinaria y urgente necesidad, una modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que traslada al Tribunal Supremo la responsabilidad de ratificar o rechazar las medidas restrictivas de derechos para luchar contra la covid que acuerden los diferentes Gobiernos autonómicos.

“Han tenido un año para hacerlo de manera ordinaria, pero lo han hecho de prisa y corriendo, cuando faltan unos días para que expire el estado de alarma”, relata la magistrada María José del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces españoles.

En similares términos se expresan desde la Asociación Francisco de Vitoria, cuyos portavoces recuerdan que el Ejecutivo ha tenido desde 2020 para reformar la Ley, por la vía ordinaria: “No hay nada que justifique una modificación de tal calado mediante un real decreto-ley. Han tenido tiempo suficiente. Es una dejación de funciones”, explican desde la segunda asociación de jueces y magistrados.

Dudas de la constitucionalidad

En el Supremo, las fuentes consultadas por LA RAZÓN dudan, además, de la constitucionalidad de la modificación legal acordada por el Ejecutivo, que según lamentan se ha hecho sin preguntar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al resto de órganos consultivos: “Parece que ahora, con la urgencia de la lucha contra la pandemia, todo vale. Pero realmente lo que han hecho es trasladar al Tribunal Supremo un problema, ya que no sabemos si se pueden adoptar medidas cautelares o cautelarísimas, nadie nos ha dicho nada”, lamenta un magistrado, que prefiere no revelar su identidad.

Otros magistrados del Supremo consultados por LA RAZÓN consideran que este cambio legal atribuye al Alto Tribunal, y concretamente a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una responsabilidad de la Cortes: “En la regulación actual existe una fase de preparación que puede llevar un mes. Y después podría llegar al Supremo como recurso de casación, lo que llevaría como mínimo seis meses más. Ahora obligarán a seis magistrados a tomar una decisión en cinco días”, destaca otro magistrado.

Una reforma legal

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes una reforma legal mediante la cual las Comunidades Autónomas podrán “saltarse” a los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes autonomías. A partir de ahora podrán acudir directamente al Tribunal Supremo para que le ratifiquen o rechacen cualquier medida restrictiva, como pueden ser los confinamientos o los toques de queda.

Según la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, esta modificación legal obligará al Supremo a responder a un Gobierno regional en un “tiempo record” de cinco días. Además, la “número dos” de Sánchez destacó que el real decreto-ley busca dar seguridad jurídica, evitar disparidades entre territorios y tranquilizar a los ejecutivos autonómicos que han venido lamentando la indefensión en la que quedaban a partir del 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma.