Diecisiete ‘estados de alarma’

¿Qué pasará el 9 de mayo?

El estado de alarma aprobado en las Cortes Generales, que permitía a las 17 Comunidades Autónomas acordar restricciones de los derechos fundamentales para tratar de limitar los contagios. finaliza el 9 de mayo. Y los partidos que sustentan al Gobierno han rechazado prolongarlo. En sustitución, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley, solo previsto para los casos de urgencia, que permite a las Comunidades Autónomas recurrir directamente al Tribunal Supremo una posible decisión de los Tribunales Superiores autonómicos contraria a las restricciones.

¿Qué papel desempeña ahora el Tribunal Supremo?

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra si un tribunal autonómico rechaza las restricciones de derechos que acuerden los Gobiernos autonómicos, todavía no ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, un informe interno siembra dudas acerca de que los magistrados puedan contestar “en tan solo cinco días” a todos los recursos que se planteen. Además, reclaman refuerzos para poder decidir en el tiempo previsto sobre los eventuales recursos de las Comunidades Autónomas.

¿Qué amparo legal tienen ahora las Comunidades?

Sin el paraguas de la alarma, los Ayuntamientos y las Comunidades tendrán que basarse de nuevo en la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley General de Sanidad de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad. Pueden seguir vigentes medidas que no afecten a los derechos fundamentales como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad. Para limitar sus derechos deberán acudir a la Justicia.

¿Qué decisiones han adoptado ya los Gobiernos regionales?

Autonomías como el País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana pretenden mantener el toque de queda nocturno a partir del 9 de mayo, mientras que Islas Baleares ya ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia para limitar la movilidad nocturna en las islas. Castilla-La Mancha ha solicitado “informes de distintos tipos a los servicios jurídicos y al consejo consultivo” que se estudiarán a fondo para tomar una decisión. En el resto de España el toque de queda se levantará el domingo, aunque territorios como Andalucía defienden que es un “drama” que las comunidades no puedan decretarlo porque puede ser “muy útil”, en palabras de su presidente, Juanma Moreno.

¿Qué decisiones han tomado la Fiscalías autonómicas?

Hasta el momento, el Ministerio Fiscal ya ha adoptado diferentes decisiones en función de las medidas reclamadas en las diferentes comunidades. Por ejemplo, en Cataluña ha respaldado la limitación de las reuniones a seis personas y del 50 % de aforo en actos religiosos y ceremonias civiles que la Generalitat ha planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la propagación del coronavirus. Por el contrario, en el País Vasco se ha opuesto a que el Gobierno regional pueda mantener el confinamiento perimetral autonómico y municipal o el toque de queda tras finalizar el estado de alarma. Sin embargo, no se opone a que se limiten los grupos a un máximo de cuatro personas, al considerar que esta última medida no limita un derecho fundamental de reunión y, por ello, no debe haber una autorización judicial para ello.

¿La reforma del Gobierno podría acabar en el Tribunal Constitucional?

El presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, ya ha advertido de que los jueces no están para gobernar. Las asociaciones de jueces no ven con buenos ojos la medida del Ejecutivo de trasladar al Supremo la decisión sobre las restricciones de derechos. Otras fuentes consultadas por LA RAZÓN en el Alto Tribunal apuntan la posibilidad de que los seis magistrados de la Sección Cuarta, a los que se podría unir el propio Tolosa, planteen al Tribunal Constitucional sus dudas acerca de la legalidad del cambio de ley acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez.