El TC rechaza suspender cautelarmente la ley de eutanasia, aunque sí admite el recurso de Vox

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado suspender de forma cautelar la Ley de Eutanasia, aunque ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Así, el Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Del mismo modo, el partido que lidera Santiago Abascal, recurre, de forma subsidiaria, los artículos 1; 3, apartados b), c), d), e) y h); 5, apartados 1 c) y 2, 4.1; 6.4; 7.2; 8.4, 9; 12 a) apartado 4; 16; 17; 18 a) párrafo 4; disposiciones adicionales primera y sexta; y disposición final tercera (en relación con el artículo 16.1 y disposición adicional sexta) de dicha Ley.

El Pleno acuerda, asimismo, denegar la petición de suspensión de la ley, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. Los recurrentes consideran que la ley impugnada vulnera el derecho a la vida (art. 15 CE). También alegan la vulneración de los arts. 16, 23, 24, 53, 81.1, 88, 89.1 y 106.1 de la Constitución

El PP denuncia la inseguridad jurídica

Hay que recordar que el PP también ha denunciado la inseguridad jurídica de la ley de eutanasia, que este viernes entra en vigor, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cinco artículos de la norma y una disposición adicional.

El PP considera que es una “gran irresponsabilidad” y una “gran falsedad” defender la eutanasia como una opción libre cuando no se han desarrollado los cuidados paliativos indispensables y argumenta que “si no hay alternativa, no hay libertad”.

Por eso, apuesta por una ley de cuidados paliativos para “universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida”.

Denuncia asimismo que los expertos no han sido escuchados y advierte de que el Comité de Bioética se ha posicionado en contra de la ley. “Se ha aprobado sin la aportación de la oposición, con la ausencia de informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos. No ha habido audiencia pública, ni una verdadera demanda social que reclame esta ley”.

Critica también el modo en que la ley regula la objeción de conciencia de los sanitarios -establece la creación de registros de objetores en las comunidades autónomas-, al considerar que se trata de “listas negras” y una forma de limitar la objeción de conciencia.

Y cree también que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, al promover la llamada “pendiente resbaladiza” y configurar un “régimen de consentimiento anticipado incapaz de salvaguardar la protección de las personas vulnerables”.