El pacto del Gobierno con ERC solo lo votará Cataluña

ERC solemnizó de nuevo esta semana en el Congreso que su intención es sentarse en la «mesa» de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez sin renunciar a su programa de máximos. En la puesta en escena no parece que ni siquiera en ERC tengan la intención de ponérselo fácil al líder socialista en el debate público, a pesar de que los interlocutores del Gobierno explican y explican que se sienten con el control de la situación y que siguen confiando en la posibilidad de que haya acuerdos.

Frente al referéndum de autodeterminación, la única salida que puede intentar el Gobierno es ofrecer una votación, pero sobre los consensos que se alcancen en la «mesa». Si los catalanes quieren votar, que lo hagan sobre un nuevo marco para Cataluña que mejore la financiación, las competencias, el autogobierno, e incluso el reconocimiento de esa Nación catalana que tomó forma en la última reforma estatutaria que tumbó el Constitucional. En concreto, el Alto Tribunal desestimó que ese concepto pudiera tener efectos jurídicos.

Fuentes solventes precisan que la consulta sería solo para los catalanes, como reclaman los partidos independentistas, y no en el conjunto de España, aunque pueda entenderse que las decisiones que se adopten en el foro bilateral afectan al conjunto del modelo territorial.

Ésta es una de las bases de las aproximaciones informales que se han producido entre el Gobierno y ERC. Y es una idea que desde hace años ha estado en el discurso que han abanderado Podemos y Pablo Iglesias.

El artículo 92 de la Constitución regula la figura del referéndum consultivo sobre asuntos que interesen al conjunto de la ciudadanía. La tesis de Podemos, que ahora se empieza a escuchar en algún dirigente socialista, es que este artículo permite que se hagan consultas en el marco de determinados territorios. «Los catalanes podrán hablar y fijar posición sobre lo que se discuta en la negociación», aseguran fuentes socialistas.

El artículo 92 no hace ninguna referencia explícita al marco territorial, y sí establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. También fija que el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. Por último, añade que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas por la Constitución. No está nada claro, por tanto, el marco legal para esa consulta en la que hable solo Cataluña. Nunca se ha hecho. La Constitución no la prohíbe, pero no la contempla, y la ley orgánica sobre las distintas modalidades de referéndum, tampoco. La solución podría ser modificar esta ley orgánica, aunque es un debate abierto.

La construcción teórica sobre la que el Gobierno plantea de arranque la negociación está sometida a rotundas contradicciones en la relación con los independentistas y también sobre las consecuencias que reconocen que este proceso tiene en el modelo territorial en su conjunto. Puede anticiparse ya que el Ejecutivo no tendrá solo a la oposición enfrente en el Congreso. Tendrá que lidiar también con el «batallón» que constituirán todas las comunidades del PP contra la negociación bilateral con la Generalitat. Las Administraciones que gobiernan los populares son un arma fundamental para Génova en el objetivo de dar más fuerza y recorrido a la oposición nacional de Pablo Casado. Y el líder popular sí encontrará colaboración de todos sus gobiernos, autonómicos y municipales, en esta causa.

El Ejecutivo se equivoca cuando sostiene que «la lluvia de los fondos europeos calmará a todos los territorios» porque hay dos planos en juego: el estrictamente económico y el político. Los barones, populares y socialistas, saben que se juegan mucho ante su opinión pública y ante sus votantes en la posición que adopten en el diálogo del Gobierno de coalición con los independentistas. Ya sucedió con la reforma del Estatut impulsada por Rodríguez Zapatero.

Así, la próxima Conferencia de Presidentes, convocada para la última semana de julio en Salamanca, será un buen altavoz para ese frente común en el que trabajan ya en Génova con todas sus baronías.

Y esta unidad de acción se trasladará a los demás ámbitos de discusión, yendo más allá del plano declarativo. Los barones del PP serán los primeros en levantar la mano para exigir igualdad de trato al Gobierno de Sánchez, sin esperar a ver cómo avanza la «mesa» con la Generalitat. Ellos también quieren más recursos, mejorar su financiación y «el mismo trato preferente que recibe la Generalitat». Según el argumentario con el que trabajan en el PP, como justificación utilizarán el lema de que «no se puede premiar la deslealtad mejor que la lealtad».

A la cabeza de la rebelión se colocará la Comunidad de Madrid, pero, en este caso, todas las autonomías seguirán el paso, a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, donde hubo serias diferencias entre Isabel Díaz Ayuso y los demás presidentes autonómicos del PP. Las urnas avalaron la gestión política y sanitaria de Ayuso, y con Cataluña todo el partido acatará la línea oficial de Génova.