De Felipe a Abascal; de Zapatero a Rajoy: Los «non gratos» de la democracia

El líder de Vox ha sido solo el último. La consideración institucional de una persona como «no bienvenida» es habitual como estrategia política

El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a la playa de El Tarajal en Ceuta tras la entrada masiva de 8.000 personas
El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a la playa de El Tarajal en Ceuta tras la entrada masiva de 8.000 personasBrais LorenzoEFE

Ni es el primer político que ha sido reprobado con el título –simbólico– de persona «non grata» ni, si atendemos a la historia política reciente, seguramente tampoco será el último. Tampoco es Santiago Abascal -que fue declarado la persona semana como “no bienvenido” por parte de la Asamblea de Ceuta por llamar “promarroquíes” y”quintacolumnistas” a parte de sus ciudadanos-la persona de más alto rango que ha recibido el calificativo de «persona no bienvenida». Fuera de la política, el Rey emérito o el actual Monarca también cuentan con reprobaciones por parte de ayuntamientos.

Si echamos un vistazo a la hemeroteca, comprobaremos que, a pesar de que algunas de las designaciones más conocidas son las de los ex presidentes Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González, existen multitud de situaciones similares contra más políticos. Una de las más antiguas ocurrió en 1977 en Salamanca. El propio Ayuntamiento declaró como persona «non grata» a uno de sus concejales, Rafael González Cobos.

En 1995, antes de acceder el dirigente popular José María Aznar al Gobierno, fue declarado como persona non grata por el consistorio de Bunyola (Mallorca), por «su conducta contraria al futuro de la humanidad y su agresión a la propia lengua de la isla». Posteriormente, en 2003, ocurriría lo mismo. El Ayuntamiento de Pobleda (Tarragona) y el de Santpedor (Barcelona) lo harían por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak.

En 2019, el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero también recibió la misma amonestación en Fene. El Ayuntamiento de Vigo aprobó por unanimidad la misma iniciativa contra el comisario europeo Joaquín Almunia en 2013.

El ex ministro de Industria, José Manuel Soria fue reprobado de la misma manera en 2014 en Arrecife (Lanzarote), Bellreguard (Valencia) y en la Robla (Castilla y León). La misma suerte corrió el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, que tuvo esta llamada por parte de la Plataforma Estatal de la Escuela Pública. Entonces le exigían derogar la Lomce y le acusaron de ser «enemigo de la educación».

En 2015, la por aquel entonces ministra de Fomento Ana Pastor fue declarada persona «non grata» en Canarias. Un año después recibiría el mismo trato el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que sería declarado non grato en Pontevedra, la ciudad que considera su cuna, con los votos de Marea, PSOE y el BNG. La respuesta del popular sería la de afirmar que conseguiría que le retirasen la condecoración. «Aquí me he casado, aquí voy a vivir y aquí voy a morir dentro de muchísimos años». Rajoy siguió acudiendo a Pontevedra. Es, además, el lugar donde suele veranear.

Entonces, ¿Qué consecuencias jurídicas tiene para el afectado ser considerado como una persona «non grata»? Ninguna, al menos en España. Es una decisión a todas vistas con fines políticos, que se usa como arma arrojadiza. Es un término usado en términos diplomáticos, una figura jurídica que nace del ámbito de las relaciones internacionales y está contemplada en la Convención de Viena de 1961. Solo sirve para que un Estado pueda declarar como no bienvenido a otra persona de otro estado, según explican fuentes jurídicas. «En España no tienen ninguna consecuencia jurídica puesto que no existe cobertura legal al respecto en la ley de Bases del Régimen Local». Venezuela también aplicó este «veto» al ex presidente Felipe González en 2015 tras incorporarse como asesor defensor de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El debate, por tanto, es sí este tipo de declaraciones pueden o no vulnerar el derecho al honor de la persona afectada. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre este asunto asegurando en su sentencia 185/1989 del 13 de noviembre que «no puede considerarse atentatorio contra el honor del recurrente» porque la decisión municipal «constituye una apreciación subjetiva de los miembros de la Corporación» que «no significa por sí misma la atribución al actor de cualidades desmerecedoras del aprecio o estima públicos». Sin embargo, varios expertos han expresado sus dudas en el tiempo. Como, por ejemplo, el doctor en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia Gabriel Doménech, que estimó que, aunque la declaración de persona non grata «no persiga establecer regulaciones jurídicas, no quita que afecten a los derechos e intereses legítimos de las personas a las que se refieren».

Por otro lado, la misma sentencia recuerda a los ayuntamientos que carecen de competencias para declarar «non grata» a una persona. «Resulta claro que no puede equiparse la posición de los ciudadanos, de libre crítica de la actuación de las instituciones representativas en uso legítimo de su derecho de libertad de expresión, a la de tales instituciones, cuya actuación aparece vinculada al cumplimiento de los fines que le asigna el ordenamiento jurídico, entre los cuales, ciertamente, no se encuentra el de atribuir calificativos a sus administrados».

Dentro de la Casa Real también encontramos más ejemplos. El Rey Juan Carlos fue declarado «non grato» en 2012 en Santa Eulalia de Riumper, Berga y Ripoll tras el polémico viaje a Botsuana. También recibió este nombramiento el Rey Felipe VI en 2016 a cargo de dos ayuntamientos catalanes, el de Arenys de Munt y el de Breda. En 2021, el Ayuntamiento de Sant Cugat tomó esta decisión y se declaró «ciudad republicana y antimonárquica».