El Gobierno se enroca en el modelo actual para el CGPJ

El Gobierno aprovechó ayer la solemne apertura del año judicial para introducir un matiz posibilista en su interlocución pública con el PP –de la privada no se conocen avances– para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si los últimos días habían estado protagonizados por un cruce de peticiones de dimisión del ministro Félix Bolaños o acusaciones al PP de prácticas «antidemocráticas» y de «secuestro de la Constitución», ahora el Ejecutivo lanza un guante en un terreno abonado por la desconfianza. En Moncloa siguen enrocados en el sistema actual de elección del órgano de gobierno de los jueces. En esto no hay cambios. Es el sistema que consideran óptimo y, además, el que está en vigor. «Primero hay que cumplir la ley y la Constitución. Cúmplase, y después afrontamos reformas», señalan en el Ejecutivo. Pero al tiempo que no abandonan esta tesis, se ofrecen a estudiar «todos los escenarios» en el futuro, eso sí, una vez se renueve la actual cúpula judicial con el acuerdo entre partidos que opera en la actualidad.

De este modo, el Gobierno abre la puerta a debatir más adelante la posible reforma que pide Pablo Casado, pero una vez que se desencalle el bloqueo actual. El PP, por su parte, no se fía y exige que los trámites para llevar a cabo la reforma se inicien antes de sentarse de nuevo a la mesa de negociación, esto es, que transcurran de manera «paralela». «No vamos a caer en trampas», aseguran fuentes populares, que solo aceptarán como señal de compromiso, por parte del Gobierno en este sentido, que el PSOE vote a favor de la reforma para que los jueces elijan a los jueces. Una reforma que ya presentaron en el Congreso y que no salió adelante por el rechazo de los socialistas.

En este contexto, la negociación sigue en vía muerta. Los contactos que se habían propuesto retomar en persona en septiembre no se han concretado y al frente de los mismos el PP encontrará a Félix Bolaños, el ministro que defendió que «en un Estado de derecho», y con una Constitución como la española, «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos» porque a todos deben elegirles los ciudadanos, y es así como se preserva su base democrática. Ahora el Gobierno introduce un ligero matiz sobre este rechazo taxativo, aunque siguen manteniendo sus posiciones de partida.

Desde el PSOE, Adriana Lastra dijo ayer «suscribir palabra por palabra» las declaraciones de Bolaños que soliviantaron al PP –hasta el punto de pedir su cese– y tanto la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, como la ministra de Justicia , Pilar Llop, reconocieron en declaraciones públicas que el modelo que defenderán en esos futuros debates sería el actual. Ese futuro debate lo enmarcan, además, en un proceso que se debe desarrollar con «transparencia» y en las Cortes Generales para abordar los modelos a evaluarse para una posible reforma del sistema actual. «Nuevamente reivindico y pido al PP que tenga altas miras y sentido de estado y madurez política, institucional y democrática para renovar todos los órganos constitucionales», demandó Llop tras el acto de apertura judicial en el que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, urgió a los partidos a renovar cuanto antes el CGPJ.