Barones del PP y PSOE se alían contra la mesa de Gobierno y Generalitat

Los preparativos de la reunión de la mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat no llevan a pensar que pueda salir nada productivo ni del encuentro inminente ni de próximas reuniones.

La fecha, hasta el último momento en el aire, las tensiones sobre los participantes, y la falta de agenda por las diferencias sobre el contenido, son prueba del estado de las relaciones y de la confianza entre las partes.

Pero, a pesar de todo, el Gobierno no consigue aplacar las suspicacias del resto del poder autonómico. Hay ya conversaciones informales entre presidentes de comunidades del PSOE y del PP, no es un frente de siglas, sino que trasciende el color político del partido que representan porque ningún dirigente territorial puede dar el visto bueno a una negociación que lleve a pensar que desde Moncloa se está favoreciendo a la Generalitat catalana. Por supuesto, la unidad de acción entre los «barones» del PP está cosida de antemano, y en el lado socialista comparten los recelos aunque tengan que medir su manera de hacerlos públicos.

Ya sólo la puesta en escena de la convocatoria de la «mesa» ha dado aire a la rebelión territorial, que puede estar más cuidada en las formas por parte de los presidentes socialistas que de los populares, pero que, de fondo, esconde el mismo malestar ante una iniciativa que hace pensar en una negociación de Estado a Estado. Moncloa no puede pasar por alto que el plan B para la «mesa» bilateral, dejar a un lado la autodeterminación y hablar de todas las demás reivindicaciones del independentismo, está lleno de riesgos, aunque lo bautice como la «agenda de reencuentro».

Por eso, entre los barones socialistas sostienen que «lo mejor que puede pasar es que la negociación encalle y Moncloa pase página». Ahora se percibe en el Gobierno mucho menos entusiasmo con el diálogo bilateral que antes del verano, pero, quieran o no, Pedro Sánchez está preso de un compromiso de investidura. Y aunque preferiría dar largas y evitar la «mesa», al menos hasta que pase el Congreso socialista, lo cierto es que están en manos de ERC. Son los republicanos los que tienen la llave de forzar tanto la negociación como para provocar la ruptura o dejar que poco a poco entre en un estado de hibernación.

Los síntomas no indican una evolución buena, pero hasta ahora las dos partes coincidían en la necesidad de ganar tiempo y de mantener la «mesa», aun siendo conscientes de que de ella no puede salir nada realmente productivo.

Los primeros avisos del resto de comunidades ya han empezado a producirse. En terreno público y también por canales privados. Moncloa sabe del temor de sus barones a las consecuencias de una negociación mal gestionada. Y también está al tanto de los recelos que provoca un diálogo bilateral que se somete a la exigencia independentista de que parezca que es de igual a igual.

La mayoría de las comunidades se oponen a que en este foro se negocie la financiación. Y tampoco están de acuerdo con que pueda revisarse el Estatuto, las competencias o el reconocimiento de la identidad catalana, sin que esto sea compartido en los foros multilaterales y atienda, además, a las demandas de los demás territorios. La salida que tiene el Gobierno, para evitar que el amago de rebelión pase a palabras mayores, está en el presupuesto. En sí, en Moncloa creen que la lluvia de fondos comunitarios y la imagen de recuperación y crecimiento de los próximos meses es el «mejor antídoto» para evitar una gran revuelta territorial contra la negociación bilateral con Cataluña.

Pero en este análisis falta el componente de la penalización electoral. Por más dinero que llege a las arcas autonómicas, que habrá que ver cómo se materializa el reparto, puede no tener la fuerza suficiente como para borrar la imagen de un trato de favor a Cataluña. Y ya con la reforma estatutaria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedó claro que este modelo autonómico no acepta ya que se rompa el principio del «café para todos». Todos los presidentes autonómicos saben que sus ciudadanos les castigarían si no se oponen al desequilibrio del actual sistema autonómico.

Moncloa relativiza la presion territorial porque en sus planes está la previsión de que la «lluvia» de los fondos ponga sordina a todo, también a la negociación bilateral y a las empujones secesionistas que tiene que seguir ejecutando ERC en su «guerra» con Junts.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya advirtió ayer de que el Gobierno de España nunca puede estar en una situación de igual a igual con una comunidad, e instó a los miembros del Consejo Consultivo autonómico a que estén preparados por si hay batallas constitucionales.

«Nada que afecte al conjunto del país se podrá decidir sin que participemos todos en las decisiones. Espero que se imponga el sentido común y si es común ya será sentido porque no ha florecido mucho en otros años».

En esta línea, el ministro de Cultura y Deporte, el catalán Miquel Iceta, confirmó ayer en Onda Cero, en una entrevista de Carlos Alsina, que todo lo que pueda decidirse en la «mesa» bilateral, si tiene efectos jurídicos, tiene que ser avalado por el Parlamento de Cataluña y por el Congreso de los Diputados, lo que exige contar con unas mayorías que no están representadas en el foro de negociación. En alusión al principal partido de la oposición. La reforma estatutaria de 2006 se hizo con la oposición del PP, y terminó recurrida ante el Tribunal Constitucional.