El golpe a las eléctricas hace peligrar el apoyo del PNV a Sánchez

La resaca política que deja el golpe del Gobierno a las eléctricas, en su plan de choque para rebajar el precio de la luz, coloca en una posición delicada la estabilidad de la coalición, principalmente en su relación con el PNV.

Ya es norma en la gestión del Ejecutivo de Sánchez que sus propios socios le reprochen falta de información e improvisación en sus decisiones. Y, en este caso, el movimiento tiene consecuencias graves para la estabilidad económica, para la seguridad jurídica, y también puede tenerlas en la estabilidad parlamentaria, aunque la convalidación del Real Decreto, para lo que el Gobierno tiene un plazo de 30 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros, vaya separada de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. No están ligados, pero todo es ruido que no ayuda a reforzar la precaria estabilidad parlamentaria de la coalición de gobierno.

La alarma en el ámbito económico por las consecuencias de la reacción del Gobierno, no sólo en el sector eléctrico, ha trascendido al ámbito político. Y se percibe incluso en círculos socialistas, en ex ministros y políticos en activo, que admiten ver con gran preocupación los efectos de un «golpe» que atribuyen a «la incapacidad del Gobierno para soportar la presión de Podemos, la presión mediática y social».

Moncloa ha hecho justo lo contrario de lo que decía que iba hacer, y justo lo que en un primer momento dijo que no era conveniente hacer «en caliente» por sus «perniciosas consecuencias». Aquello de generar un problema más grave para intentar arreglar otro, recuerdan ahora desde el País Vasco

Las eléctricas fueron informadas a posteriori, y ya trabajan en su respuesta legal, como confirman fuentes del sector. Y por eso el PNV coincide con el ala socialista más escéptica en dar por hecho que al Gobierno no le queda más alternativa que enmendar el Decreto que regula el hachazo a las eléctricas.

«El decreto tiene que cambiarse, y cuanto antes mejor porque no sólo daña a las eléctricas sino también a otras empresas industriales que trabajan para las renovables, por ejemplo, o a los bancos, porque están financiando empresas que van a quebrar».

En el caso del PNV hay que tener en cuenta que el hachazo afecta a Iberdrola, que tiene su sede y tributa en el País Vasco, lo que explica que los nacionalistas estén tradicionalmente alineados con sus intereses.

Dentro del equipo económico del Gobierno apuntan directamente contra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ante una decisión que en público y en privado ha sido siempre vista con enorme recelo por la vicepresidenta primera yministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Calviño calla, pero, internamente, advirtió de los riesgos de ir por esta vía, como confirman fuentes del Gabinete de Sánchez, aunque, al final, se impusiesen las urgencias políticas del presidente del Gobierno.

Por otra parte, en el análisis político, esta gestión de la crisis de la luz ha vuelto a poner en evidencia la debilidad o impotencia de la cuota socialista para evitar que sea Unidas Podemos, incluso sin Pablo Iglesias, quien parece que dirige todas las medidas más del gusto de la calle.

Como reflexionan un ex alto cargo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, «nosotros cargamos con los problemas y las consecuencias de la demagogia, y son otros los que se cuelgan las supuestas medallas».

Desde el PNV lo señalan con claridad: «Este problema es de los que pueden hacer caer a un Gobierno». Y esto es lo que también han debido de pensar en Moncloa a la hora de tomar el camino de la rectificación de sus primeras reacciones. Hoy la previsión es que la escalada del precio de la tarifa eléctrica siga subiendo desorbitadamente en los próximos meses.

Los nervios están fuera de control, a pesar de que cuentan con la solidaridad de los sindicatos, que amagan, pero sin que nunca transformen en hechos sus amenazas.

La crisis de la luz se ha convertido en un problema de primer orden para el Gobierno al dejar en evidencia el discurso de la recuperación económica. Pero, como se juega a corto plazo, a Moncloa no se le pasa por alto que la decisión de optar por la vía legislativa más urgente, el real decreto ley, que en un principio rechazó para limitar los beneficios del sector energético , será recurrida por las eléctricas y puede ser tumbada por los tribunales si no cuenta con una buena base legal.

Un mal escenario para España, pero que a Sánchez ya le permitiría poder defender ante la opinión pública que por su Gobierno no ha sido, que él se enfrentó a los «gigantes» para estar del lado del pueblo, y que han sido otros poderes, a los que no se dejó someter, los que le han doblado el pulso a su proyecto de justa recuperación.

El pasado mes de junio el Gobierno ya aprobó un anteproyecto de ley para limitar parte de los ingresos de las eléctricas y destinarlos al pago de otros conceptos de la factura, que luego envió como proyecto de ley a principios de agosto para tramitarlo por la vía de urgencia. Pero el costoso trámite parlamentario llevaba a que la medida no entrara en vigor hasta principios del próximo ejercicio.

El objetivo era minorar los beneficios de las tecnologías (hidráulica, nuclear e instalaciones eólicas anteriores a 2005) que no tienen el impacto de las emisiones de C02. Sobre la marcha ha cambiado de estrategia, precipitando el hachazo a las eléctricas que tiene consecuencias en su conjunto sobre la marca España.