Tras la "mesa de diálogo"

Sánchez tendrá que compensar a ERC en los Presupuestos

Los republicanos necesitan arrancar «cuestiones concretas» al Gobierno para justificar su apuesta por el diálogo con el Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la reunión que mantuvieron el miércoles en la Generalitat
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la reunión que mantuvieron el miércoles en la GeneralitatADRIAN QUIROGA/SHOOTING

En la resaca de la «mesa de diálogo» con Cataluña se rezuma optimismo. Ambas partes consideran que han cumplido el objetivo, que no era otro que «sentarse y hablar». Nada más y nada menos que ese «Sit and talk» que demandaba el «Tsunami Democràtic» y del que Junts no ha tenido reparos en descolgarse, desnudando en público su verdadera estrategia de boicot al diálogo, que llevaba meses desplegando en privado. El simbolismo que se destiló en la puesta en escena en la Generalitat tiene un recorrido corto, por más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se conjurara con Pere Aragonès para ganar tiempo y renegar de los plazos. «Sin prisa, pero sin pausa», dijo, argumentando que «no se puede resolver en dos años lo que se estropeó en diez».

Sin embargo, lo dilatado de los tiempos que quiere imponer la Moncloa no casa con la acuciante necesidad que tiene ERC de demostrar ante los suyos –y los contrarios-- que su apuesta por el diálogo no es «a cambio de nada». Que se hayan explicitado abiertamente las divergencias en el Govern sobre este foro de interlocución deja ahora manos libres a los de Puigdemont para ahondar en el cuestionamiento de la «mesa de diálogo», ante la falta de resultados que arrojó la primera reunión. Una primera reunión que se vendió como una suerte de «reinicio», pero que no podrá extender mucho más allá la falta de contenidos concretos, si estos no se aterrizan en réditos para Cataluña.

En el Gobierno se entregó una «agenda del reencuentro» actualizada –respecto a la que ya se presentara a Quim Torra en 2020–, cargada de cuestiones tangibles: inversiones, infraestructuras e incluso autogobierno, pero cuyo vehículo no es la «mesa de diálogo», que destila un marcado cariz político, sino la comisión bilateral Estado-Generalitat que se reúne también, pero con menos pompa, boato y atención mediática. Por esta razón, en ERC asumen que la falta de resultados puede sostenerse en una primera reunión, pero no mucho más allá. También son conscientes en Moncloa y, por ello, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado se torna la ocasión propicia para «compensar» a los republicanos, de manera que puedan vender avances ante el independentismo que justifiquen su apuesta por el diálogo.

Si para algo sirvió la «mesa de diálogo» fue para enterrar definitivamente la geometría variable que durante una etapa se idealizó en La Moncloa. La apuesta por fortalecer la entente con ERC como acicate para sobrevivir, no ya esta legislatura, sino para ahormar un proyecto de futuro más allá de 2023, destierra a Ciudadanos de la ecuación de la gobernabilidad. En Hacienda están convencidos de que presentarán y aprobarán las cuentas en tiempo y forma y la ministra María Jesús Montero ya diseña el esqueleto de los Presupuestos, esas «cuestiones generales», en las que avanzar en el Congreso, una vez tenga la seguridad de que «no habrá enmiendas a la totalidad» que los tumben.

En privado en ERC se felicitan de que la endiablada aritmética parlamentaria ponga en valor sus votos. Unos apoyos imprescindibles, que jugarán en esta ocasión de una manera diferente a lo que lo hicieron en 2021. Lejos quedan aquellas cuentas que tumbaron, forzando la convocatoria electoral anticipada. Ahora, los republicanos son conscientes de la acuciante amenaza de Vox y prefieren poner un elevado precio a su respaldo al Ejecutivo. En concreto, reclamarán cuestiones que tengan un mayor valor simbólico que efectivo y que sean susceptibles de acaparar titulares y atención mediática, de manera que puedan defender que su relación de socios preferentes con el Ejecutivo tiene un efecto directo en sus aspiraciones.

Esto es lo que les queda. En el independentismo son conscientes de que el Gobierno no puede avanzar en cuestiones que transgredan la legalidad. Sánchez se lo explicó claramente a Aragonés cuando enunció eso de que «de lo que es España deben decidir todos los españoles, no una parte». Por esta cuestión la reunión del miércoles en Barcelona se fundamentó en dar apariencia y simbolismo a una ficción, una ficción que a ambas partes les interesa mantener viva. Si en lugar de la forma se hubiera entrado al fondo, en el que existen «importantes discrepancias» el diálogo hubiera encallado en la primera reunión, algo que ninguna de las partes se puede permitir. Por el momento, la pelota sigue rodando.

Aragonès se empodera como president frente a Junts y consigue sentar al Estado a negociar, una demanda tradicional del independentismo. Sánchez, por su parte, se reivindica como un presidente que apuesta por abordar la cuestión catalana y atornilla su alianza con ERC para subsistir más allá de 2023. Mientras, ganan tiempo y, de paso, despejan la presión, anunciando que los futuros avances de la «mesa de diálogo» se cocinarán con discreción. Pero estos avances tendrán que llegar y tendrán que exponerse para conseguir réditos políticos y, por tanto, no llegarán de mano del diálogo en la mesa entre Gobiernos, sino en la negociación presupuestaria.