CGPJ

Los Presupuestos entierran el pacto PSOE-PP sobre el Poder Judicial

Los socialistas votan con sus socios contra una iniciativa del PP para evitar el choque

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ayer en el Congreso de los Diputados
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ayer en el Congreso de los DiputadosJuan Carlos HidalgoEFE

Gobierno y PP perdieron ayer aproximadamente unos 45 minutos en hacer ver a la ciudadanía que se reunían para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para hablar también de los Presupuestos. Hubo foto, pero a sabiendas, por las dos partes, de que se sentaban para no aproximar posiciones en nada, ni siquiera para abrir una vía de diálogo que, a futuro, y en el marco de la discreción que exigen estas negociaciones, permita buscar una salida al atasco institucional.

El diálogo de sordos sigue instalado en las mismas trincheras, sin perspectiva de que pueda abrirse una fisura en la falta de entendimiento sin la acción de un «milagro» exterior.

El golpe sólo puede venir de fuera, de una potencial presión de la UE, a la que el PP se encomienda para ganarle el pulso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin certidumbre alguna sobre que esto pueda llegar a producirse.

De momento, la presión de Bruselas ha hecho que el PSOE se abra a discutir con el PP y con el resto del arco parlamentario la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dar más papel a los jueces en la elección del órgano de gobierno. Tal y como recomienda la UE, demandan las asociaciones judiciales más relevantes y ha incluido, asimismo, el PP en sus condiciones para pactar la renovación pendiente desde hace más de tres años.

En la puesta en escena de ayer participaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la directora general de Relaciones con las Cortes, Mercedes Cabrera. Y por parte del Grupo Popular, su portavoz, Cuca Gamarra, el secretario general, Guillermo Mariscal, y la secretaria general adjunta, Isabel Borrego.

Ya por la tarde el PP sólo obtuvo el apoyo de Ciudadanos y Vox a su proposición sobre la reforma de la ley para que los jueces sean nombrados por los jueces, que no pueda ser nombrado un fiscal general que haya participado en política y que el CGPJ tenga que tomar sus decisiones por dos tercios de sus vocales. De hecho, hasta los otros dos partidos del centro derecha criticaron la propuesta del PP, aunque la acabaron apoyando.

Por más que intenten disimularlo, todos los movimientos de ayer estaban dirigidos a subrayar el desencuentro, no a buscar vías de encuentro. Esta negociacion sólo puede salir del bloqueo con conversaciones discretas, al más alto nivel, y sin votaciones preventivas que obliguen a las dos formaciones a alinearse del lado de sus respectivos bloques.

De hecho, en el discurso público la sesión dejó un nuevo cruce de reproches e insultos entre los responsables directos de alcanzar un acuerdo conforme al mandato constitucional.

Del Parlamento salió el relato de una Justicia vapuleada por los partidos, principales responsables de la imagen de politización que llega a la calle. El «no» del PSOE a la iniciativa presentada por el PP fue la estocada final. El PP reclamaba un gesto y la respuesta del PSOE fue oponerse a su iniciativa parlamentaria. Votar a favor habría enemistado a los socialistas con sus socios de investidura, de quienes depende en la negociación abierta para los Presupuestos del próximo ejercicio. El Gobierno dice que se da 15 días para presentar el proyecto, sin apoyos cerrados, y sí con muchas exigencias de quienes tienen la llave para aprobar unas nuevas cuentas.

El acercamiento del PSOE al PP en el tema judicial sólo serviría en estos momentos para alejar la posibilidad de acuerdo con sus socios. Y esto afianza en el horizonte la idea de que el actual Poder Judicial puede durar lo que dure la Legislatura, salvo causa mayor impuesta desde Bruselas. Que, de momento, tampoco se atisba con claridad en el horizonte.