La cesión de Sánchez ante los nacionalistas cuesta un ultimátum de Bruselas por el retraso en la Ley Audiovisual

La Comisión Europea ha dado hoy un nuevo ultimátum a España por no haber introducido en su ordenamiento jurídico la legislación comunitaria sobre medios audiovisuales que obliga, entre otras disposiciones, a que los servicios de vídeo a la carta de grandes plataformas como Netflix ofrezcan un catálogo con, al menos, un 30% de obras europeas. Esta nueva regulación pretende adaptar las normas a los cambios vividos en los últimos años en el sector e incluir no sólo los canales de televisión tradicionales sino también las nuevas plataformas a la carta y redes sociales como youtube.

Bruselas ha expedientado a otros 18 países por no haber adaptado a tiempo en sus legislaciones esta nueva regulación, pero el caso español resulta especialmente sensible ya que este retraso se debe a las demandas de los socios nacionalistas del Gobierno, quienes exigen que la nueva ley audiovisual española que está ultimando el Ejecutivo establezca no sólo un cupo de producción audiovisual europea en aras de promover la diversidad cultural sino también que estas obras sean en las lenguas cooficiales. Esto obligaría que Netflix, Amazon o HBO se vieran obligadas a ofrecer películas, series y documentales en catalán, euskera y gallego.

Las diferencias entre el Gobierno y la Generalitat han sido una constante desde hace un año, pero en los últimos días el president, Pere Aragonés, ha supeditado la aprobación de los próximos presupuestos a que la ley española establezca un porcentaje de al menos el 7,5%. Ante la oposición de Esquerra Republicana, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a frenar la adopción de ley y negociar directamente con el partido independentista. El borrador preparado por el Gobierno establecía que el 30% de los contenidos debían ser producciones europeas y la mitad en lengua española o el resto de las lenguas cooficiales, sin establecer cuotas claras para las lenguas minoritarias.

El Ejecutivo comunitario ya abrió un expediente de infracción a España, pero ante la ausencia de respuesta, ha decidido dar un segundo paso y enviar lo que se conoce como un dictamen motivado. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos meses para contestar a los requerimientos de Bruselas. Si el Ejecutivo comunitario no queda satisfecho, puede acabar recurriendo este caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que tiene la última palabra.