Los policías se rebelan: “No podremos impedir que grupos de ideologías antagónicas se junten en las calles. Es una bomba”

“Es un disparate, parece que no conocen la realidad policial, la realidad de las calles. Eso es imposible que lo plantee alguien con un mínimo de sentido común”. Así de radical se muestra con el borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana un veterano policía con experiencia en el diseño de operativos policiales en torno a manifestaciones multitudinarias. El agente se refiere en concreto a uno de los puntos más polémicos que el Gobierno pretende introducir en la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, en el que permite las manifestaciones sin la comunicación previa a Delegación el Gobierno o, como se refieren en el texto, manifestaciones “espontáneas”.

Definir “espontáneo”

Lo único que hacía Delegación hasta ahora era comprobar que el “mensaje” de la convocatoria no incitara al odio y que el recorrido o lugar de la celebración no “chocara” con otra concentración de grupos “antagónicos”. De esta forma no se autorizaban las “contramanifestaciones” que muchos grupos radicales pretendían organizar ante una convocatoria de corte ultra. “Ahora será perfectamente legal que se improvise una contramanifestación, por ejemplo, de gente de extrema izquierda, un 20-N para pegarse con gente de extrema derecha, sin que podamos hacer nada por prevenirlo”, advierte. Aunque es cierto que ahora eso ya ocurre, la Policía podía proponer para sanción a los “contramanifestantes”, algo que el texto ahora eliminaría. “Además, eso de que sea improvisada nunca será del todo exacto porque siempre va a tener que haber una convocatoria previa entre ellos para acordar el día, hora, lugar, organizarse y acudir”.

Por tanto, las fuentes policiales consultadas creen que lo más importante ahora será definir qué es “espontáneo” y qué consecuencias puede tener. Y es que, por encima de la Ley de Seguridad Ciudadana siempre ha estado la ley orgánica que regula el derecho constitucional de reunión. Así, hasta ahora las reuniones de menos de 20 personas no necesitan ser comunicadas. “Eso ya ocurre, grupos que convocan sin haber comunicado previamente porque no lo sabían o porque pensaban que iban a ser 20 y luego se han juntado 40.

La actuación policial es ese caso sería el proponerles para sanción administrativa, que se tramita desde la delegación del Gobierno y que puede ser de 600 euros (300 con pronto pago) pero no siempre se les sanciona: no es lo mismo una asociación de vecinos que un grupo con ánimo de liarla y provocar desórdenes públicos. Lo que creemos que quieren hacer ahora precisamente es eliminar que sea sancionable”. Y eso, consideran algunos, puede abrir la puerta a un caos en la planificación de operativos policiales.

Trabajo para agentes de Información

Si se da esta realidad en las calles, amparada por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana centrada, según critican los agentes, y “se priorizará al manifestante en lugar de velar de la misma forma por los derechos y libertades del resto de ciudadanos”, quienes tendrán un exceso de trabajo serán los grupos de la Brigada de Información. “Si queremos evitar males mayores, estos agentes tendrían que estar permanentemente alerta para averiguar por sus vías cuándo y dónde va a surgir una manifestación espontánea de este corte. Es la única forma, la prevención y un dispositivo policial proporcional a la situación, lo único que puede evitar altercados y heridos. Actuar una vez ya está formada la riña tumultuaria es mucho más complejo e ineficaz. Además, si tampoco nos van a proporcionar material antidisturbio adecuado, ¿Cómo quieren que paremos el conflicto? Es de locos, solo va a generar heridos y problemas para el resto de ciudadanos que tienen exactamente el mismo derecho a vivir en paz que el que decide asistir a una manifestación”.

Peligro para las familias

Este sería el escenario que dibujan algunos en ciudades como Madrid pero la realidad en muchos pequeños municipios de España no es más complicada. En su caso, por ejemplo, es un gran problema el hecho de que se retire la prohibición de grabar a un agente en el ejercicio de su trabajo y poder difundir su imagen en redes sociales. “En Navarra seguimos tendiendo el uniforme dentro de casa, aquí están así las cosas todavía”, explica un guardia civil de la zona.

La paradoja, según señalaban desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), es que “si te haces una foto de uniforme, no la puedes subir a redes sociales pero si te hacen una foto de uniforme sí la pueden subir a redes sociales. El uniforme como diana y nada más”.

A pesar de las críticas unánimes que ha recibido la modificación de esta ley por parte de los sindicatos policiales, muchos esperan a conocer el texto definitivo y la interpretación que se haga del mismo desde la Secretaría de Estado de Seguridad, que sacará circulares para que se difundan en ambos cuerpos policiales con las nuevas pautas a seguir por parte de quienes protegen la seguridad de todos.