Por qué la España vacía es la nueva bisagra de la política nacional. La España centrífuga (II)

El tsunami de las provincias olvidadas no deja de provocar réplicas en la política nacional. A la primera y más directa, que recuerda a los partidos las complicaciones que les esperan en forma de cálculos electorales, hay que sumar todas las de fondo, las más profundas. Y es que esta nueva «España vacía», que irrumpe con el «qué hay de lo mío», lo hace en un país ya bastante tensionado por las corrientes nacionalistas (cuando no directamente independentistas).

De cómo se resuelva la confluencia entre ambas o de cómo seamos capaces de gestionarlas dependerá el modo en que se sienten las bases de una convivencia que no atraviesa un momento idílico. El retrato que dibuja la negociación cortoplacista de los presupuestos, sin ir más lejos, lo demuestra: eludiendo cualquier aproximación al proyecto común y vertebrado del que tanto escribió Ortega y Gasset.

Aunque pueda parecer una cuestión teórica, alejada de lo cotidiano, la conjunción de todas estas fuerzas, las nuevas y las de siempre, que pugnan por sus intereses, viene a consolidar la ausencia de un plan coordinado. Como muestra, el Poder Legislativo. Ni el Senado es la cámara de representación territorial que debería ser ni el Congreso tiene margen de maniobra para desarrollar su labor de forma plena.

Frente a la obligación de promulgar leyes para todos los españoles por igual (es necesario reivindicar más al artículo 14 de la Constitución), la confusión de la labor de cada una de las cámaras contribuye a que los asuntos de calado, los que construyen país como la educación o la sanidad, quedan relegados a debates puntuales que afectan a partidos minoritarios y a intereses territoriales. Las inversiones como paradigma de Estado.

Cumbre en Santiago

Uno de los principales motivos de la irrupción de la «España Vacía» en la escena política es, cómo no, el reparto de los fondos. Y aquí la cuestión económica entronca con uno de los mayores problemas, sin resolver, a los que se enfrenta de manera cíclica nuestro país y del que viene un nuevo capítulo: la financiación autonómica como eterno conflicto.

La próxima semana se reúnen algunos presidentes autonómicos en una cumbre convocada por Alberto Núñez Feijóo en Galicia con el objetivo de superar las siglas y para reformar el sistema que distribuye las partidas con las que las autonomías financian los gastos esenciales del Estado de bienestar. Los barones de PSOE y PP se mueven desde hace meses sobreactuando con sus demandas para conseguir la mejor posición.

Aunque el debate público gira en torno a los criterios de reparto, los expertos apuntan otras claves: se debe abordar la situación de las autonomías infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana o Murcia, hay que dar una salida a la deuda de los territorios con el Estado, es necesario afrontar la reforma de los impuestos regionales para que se ejerza la plena autonomía fiscal y, por último, seducir a Cataluña para que entre en el juego. Desde los ochenta, los catalanes han sido los que han impulsado todas las reformas y ésta es la primera vez que dan la espalda a una negociación que siempre han liderado.

Los agravios (o los supuestos agravios) entre regiones provocan que los conflictos por los cálculos en el reparto de los fondos pasen de una legislatura a otra sin terminar de aclararse y ahora vuelve a irrumpir en la escena política con Pedro Sánchez prometiendo a Ximo Puig, uno de sus barones más beligerantes con el asunto, la ansiada reforma o con María Jesús Montero cediendo a la «España vacía» y prometiendo valorar la despoblación como criterio de cálculo.

Armar el sistema de financiación autonómica e intentar salvar las diferencias enquistadas que no consiguen diseñar un modelo justo y equitativo son dos elementos fundamentales para acabar con los desequilibrios económicos que, mezclados con cuestiones identitarias, provocan un cóctel difícil de manejar. Es el gran reto de los próximos años: a ver si conseguimos vertebrarnos.