Así se regula la actuación y los derechos de la Policía en Europa y EE UU

Francia: La nueva Ley de Seguridad Global amplía los poderes de la Policía

Hace un año y en plena pandemia, el gobierno de Macron tuvo que dar marcha atrás con un polémico proyecto de ley que habría limitado considerablemente la posibilidad de grabar policías en la vía pública ante las manifestaciones generadas. El proyecto convertiría en delito la circulación de imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias, lo que, según los opositores, limitaría la libertad de prensa. Los sindicatos policiales presionaban del otro lado tras intensos años en las calles con dos factores que erosionaron mucho a las fuerzas del orden: los años de plomo del terrorismo seguidos de las protestas sociales contra Macron: chalecos amarillos y huelgas sectoriales. Finalmente la ley de Seguridad Global fue aprobada, tras varias modificaciones, el pasado mes de abril. En un esfuerzo por acallar las críticas, los legisladores reformularon el polémico artículo 24, el más controvertido de esta ley, que precisa que ayudar a identificar a los policías en servicio “con la evidente intención de hacer daño’' será castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros. La redacción eliminó la mención explícita a la difusión de imágenes que había provocado las iras de los defensores de la libertad de expresión. El proyecto de ley también da más autonomía a la policía local yamplía el uso de drones de vigilancia, entre otras medidas. Por Carlos Herranz

Italia: Pistolas Taser y sistemas «bodycam» para los agentes

Italia celebra este año el 40 aniversario de la reforma de la administración y la seguridad pública, que desmilitarizó y modernizó el cuerpo de la Policía. Entre otras medidas, la ley introdujo el derecho de los agentes a organizar y formar parte de un sindicato, así como la plena igualdad entre el personal masculino y femenino. La principal solicitud de las fuerzas del orden italianas desde entonces tiene que ver con la protección de sus miembros, no sólo físicamente. En el país transalpino no existe ninguna ley que impida fotografiar o grabar a los agentes, excepto cuando las autoridades lo prohíben explícitamente por motivos de seguridad. Hace unos años el sindicato autónomo de la policía solicitó poder llevar una microcámara incorporada en el uniforme para evitar denuncias falsas. La iniciativa fue puesta en marcha de manera experimental en Turín y Bolonia, pero finalmente no prosperó. Más tarde, la Asociación Nacional de Funcionarios de Policía exigió la introducción de “nuevas armas, más modernas y eficaces”, incluidas las pelotas de goma. Y recientemente, la ministra del Interior anunció que a partir de diciembre serán distribuidas entre los agentes pistolas eléctricas Taser, así como un sistema de grabación de vídeo ‘bodycam’. Por Soraya Melguizo

EE UU: Portan cámara para grabar posibles incidentes

Las fuerzas de seguridad estadounidense tienen competencia federal, estatal, municipal y local, así como gran autoridad avalada por la Justicia. Cada estado del país tiene su propia nomenclatura para las agencias gubernamentales de la policía, cerca de 18.000 en total, que incluyen policía estatal, departamentos de policía metropolitana, oficias del alguacil de los condados, patrullas de carreteras y agencias federales.

Los poderes, responsabilidades y financiamiento de dichas agencias, a través de las cuales se aplica la ley en Estados Unidos, varían en función de cada estado. Su finalidad es completar el proceso de investigación de la sospecha de actividades criminales, la remisión de los resultados de dichas pesquisas a los fiscales estatales o federales y la detención temporal de los presuntos delincuentes a la espera de la acción judicial.

Para desempeñar su labor, los agentes van completamente armados, protegidos en función de necesidades específicas e incluso, recientemente, portan una cámara para grabar posibles incidentes en los que puedan verse implicados. Y es que las fuerzas de seguridad se han convertido en un tema de debate político en Estados Unidos, potenciando la división de mentalidades ya de por sí polarizadas entre la población. La anterior Administración Trump impuso la fuerza estando en el poder y rescató el eslogan “Ley y orden” utilizado por Nixon en los años 60 tras los mayores disturbios raciales vividos en el país tras la muerte de Martin Luther King.

En 2020, la muerte del afroamericano George Floyd estrangulado por un agente de la policía en Mineápolis, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, sentó precedentes, marcando un punto de inflexión en la sociedad estadounidense, con las fuerzas del orden en el punto de mira. “Desfinanciar a la Policía” se convirtió en, más que en un lema contra la brutalidad policial, una petición oficial que en algunos estados, ciudades o pequeñas poblaciones se ha materializado. Menos armamento, menor inversión en material policial, menos autoridad para actuar y más ayudas sociales en zonas marginadas de la población potencialmente criminal son algunas medidas que se han impulsado tras las históricas protestas raciales contra el abuso policial extendidas por todo el país el año pasado. Por Vanessa Jaklitsch

Alemania: Detención máxima de 24 horas, sin haber una sospecha de delito

Los 16 estados de Alemania, así como la policía federal, tienen sus propias leyes que establecen lo que se permite y no se permite a la policía. Aunque cada estado tiene sus propias regulaciones, la mayoría se adhiere a unas reglas restrictivas similares. Así, los agentes de seguridad alemanes pueden detener e interrogar a alguien, hasta un máximo de 24 horas, sin haber una sospecha de delito. Por otro lado, está prohibido grabar a las fuerzas del orden aunque algunos tribunales han aceptado grabaciones para formular un castigo o una absolución. Asimismo, la policía alemana puede exigir que una persona se identifique, llevar a alguien a la comisaría para evitar un peligro, revisar un vehículo u obligar a realizar una prueba de sangre, si el conductor se niega a hacer el test de alcoholemia. A la contra, los agentes tienen prohibido hacer cacheos denigrantes y no están autorizados a registrar un bolso (a menos que exista una sospecha razonable de un delito), obligar a alguien a firmar un documento o registrar una vivienda sin una orden judicial, a no ser que en el interior se esté cometiendo un acto de violencia doméstica u otro delito. Por Ruben G. Del Barrio

Reino Unido: En trámite, una ley para otorgar más poderes a los agentes

En Reino Unido se tramita actualmente en Westminster el proyecto de “Ley de Policía, Criminalidad, Sentencias y Tribunales”.Busca endurecer las sentencias asociadas a violaciones y otros delitos sexuales, y dificultar el acortamiento de penas para los condenados por ese tipo de crímenes. Pero el principal objetivo es otorgar a los agentes más poderes para reducir protestas. Durante la pandemia, los agentes denunciaron que se sintieron desprotegidos cuando tenían que actuar en manifestaciones para hacer cumplir las restricciones sociales.

En la actualidad, si la Policía quiere imponer restricciones a una protesta, tiene que demostrar que puede resultar en “un desorden público grave, daños a la propiedad o una alteración importante de la vida de la comunidad”. También puede imponer medidas específicas en las rutas. Cuando se trata de eventos masivos, los detalles se suelen discutir con los organizadores con semanas de anticipación. Sin embargo, cuando se apruebe la nueva ley, los agentes tendrán aún más poderes. Entre otros, podrán imponer una hora de inicio y finalización de la concentración, establecer “límites de ruido” y aplicar incluso estas reglas a una manifestación de una sola persona. Llevado al extremo, si hay un individuo sosteniendo una pancarta mientras expresa sus puntos de vista a través de un altavoz y se niega a seguir las instrucciones de la Policía sobre cómo debe llevar a cabo su protesta, podría recibir una multa de hasta 2.500 libras (alrededor de 3.000 euros). Por otra parte, también se convertirá en un delito no seguir las restricciones que los manifestantes “deberían” haber conocido, incluso si no han recibido una orden directa de un oficial. En la actualidad, los agentes deben demostrar que los manifestantes estaban al tanto de las reglas antes de acusarles de infringir la ley. El proyecto de ley incluye asimismo como delito “causar molestias públicas intencional o imprudentemente”. Esto está diseñado para evitar que los manifestantes ocupen espacios públicos, cuelguen sus emblemas en puentes o empleen otras tácticas de protesta para hacerse ver y escuchar.

Una última medida aclara que el daño a los monumentos conmemorativos podría dar lugar a una pena de hasta 10 años de prisión. Una clara advertencia para quienes intenten replicar la actuación de los manifestantes de “Black Lives Matter” el pasado verano, cuando derrocaron la estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol. Las demandas por parte de Scotland Yard para actualizar la actual “Ley de Orden Público” de 1986 venían ya de lejos. Las autoridades han mostrado en multitud de ocasiones su frustración al no poder hacer más para disminuir el impacto de las manifestaciones de “Extinction Rebellion”, el movimiento global creado en 2018 cuyo objetivo es influir sobre los Gobiernos de todo el mundo respecto a las políticas medioambientales mediante la resistencia no violenta con desobediencia civil.

El Gobierno insiste ahora en que sus propuestas respetarán los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero algunas organizaciones, como Amnistía Internacional se muestran críticas. Por otra parte, en Reino Unido grabar a los agentes mientras están de servicio no es ilegal.