Giro en el “caso Vitaldent”: su ex cúpula directiva se sentará en el banquillo

La Audiencia Nacional juzgará el “caso Vitaldent”, la supuesta estafa de más de diez millones de euros llevada a cabo por la ex cúpula directiva de la empresa de servicios odontológicos a sus franquiciados, denunciada por una veintena de éstos en 2013 y que el juez Manuel García Castellón archivó el pasado octubre al no ver indicios de delito.

Así lo ha decidido la Sección Cuarta de lo Penal del citado tribunal, que preside la magistrada Ángela Murillo, que ordena ahora al instructor que dicte ahora auto de transformación a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para sentar en el banquillo a los supuestos responsables de este entramado -la lista de investigados se acerca al medio centenar- por delitos de blanqueo, organización criminal, fraude tributario, estafa y apropiación indebida.

Los magistrados estiman así el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y por uno de los franquiciados contra la decisión del instructor -cuyo antecesor, el juez Eloy Velasco, asumió el caso tras inhibirse un juzgado ordinario de Majadahonda (Madrid)- de acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Y es que en la “larga investigación desarrollada” la Sala aprecia “sólidos indicios” de un comportamiento delictivo en “la dinámica empresarial protagonizada por el entramado Vitaldent”.

“Operativa compleja”

“Así lo ha entendido este Tribunal -argumenta- e incluso el magistrado instructor, en las numerosas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de resolver incidentes y recursos individuales acerca de la existencia de dichos indicios racionales de criminalidad con relación a concretos y determinados investigados”. Por este motivo, los magistrados admiten que no terminan de comprender “el drástico giro argumental” efectuado por García Castellón.

En cuanto a la posible comisión de un delito de organización criminal, la Audiencia Nacional pone de relieve que la investigación ha puesto de manifiesto “la existencia de una unidad de propósito y dirección de los investigados que crearon y controlaban una estructura organizada con pretensiones de permanencia dirigida por los investigados Ernesto Ramón Colman y Bartolo Conte, en la que cada uno de los implicados protagonizaba un especifico rol dentro de una operativa compleja”.

Una trama cuyo objetivo final, añade el tribunal, sería “cometer fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y blanquear los beneficios obtenidos en esa estructura empresarial”. Para lo que se habrían servido, subraya, de “sociedades franquiciadoras, sociedades franquiciadas y sociedades de asesoría contable, fiscal, laboral y de servicios, con ámbito espacial no circunscrito a España, puesto que la red se extendía a países como Holanda, Suiza y Luxemburgo”.

Testaferros para favorecer la “opacidad”

La Sala señala a Colman, ex administrador único de Laboratorios Lucas Nicolás y “controlaba” Open Dent, a quien responsabiliza de haber constituido “numerosas mercantiles” que dejaba en manos de “apoderados de confianza para favorecer su opacidad”.

En contra de lo que mantiene el instructor, la Sala entiende que sí se han cuantificado las cantidades supuestamente defraudadas en el impuesto de Sociedades, que cifra en casi seis millones de euros por cuotas impagadas en 2013 y 2014, y en el IVA, que sitúa en más de un millón de euros, lo que en su opinión supondría la comisión de sendos delitos fiscales.

Tras detallar los indicios contra los investigados, los magistrados concluyen que sus actividades bajo sospecha “pueden tener un evidente contenido jurídico-penal”

No obstante, la Sala rechaza que la decisión de García Castellón no estuviese fundamentada y defiende que llevó a la conclusión de que debía archivar la causa " a través de un proceso lógico” que en todo caso los magistrados dejan claro que no comparten.