Amnistía Internacional tacha de “maquillaje” la reforma de la “Ley Mordaza”

El anuncio de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte del Gobierno ha logrado poner de acuerdo a sectores de la sociedad habitualmente en desacuerdo. En un hecho insólito, todos los sindicatos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías municipales y autonómicas) se han unido para protestar contra esa modificación porque creen que les deja “vendidos” en situaciones de riesgo, porque dudan de poder garantizar la seguridad de los ciudadanos y porque creen que solo beneficia a los manifestantes más violentos pero también están surgiendo críticas justamente por lo contrario. Así lo asegura un informe de Amnistía Internacional, que cree que la reforma propuesta “está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información”.

Tras analizar el acuerdo de reforma entre los partidos de Gobierno, que se debatirá en el Congreso a principios del año que viene, Amnistía Internacional España, considera que, de aprobarse el actual borrador, “el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial”.

Según la organización, desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 200.000 sancionesen base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para la reforma de la norma, ni tampoco por la Proposición de Ley que se está tramitando.

“La protesta seguirá amordazada”

“Frente a lo anunciado por diferentes miembros del Gobierno, la propuesta actual no aborda los aspectos más preocupantes de la Ley de Seguridad Ciudadana. En caso de que no se introduzcan mejoras nítidas, en línea con los estándares de derechos humanos, en su tramitación parlamentaria, la protesta seguirá amordazada en nuestro país”, denuncia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Para la entidad, la propuesta de reforma no reduce los, a su juicio, “amplios poderes discrecionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Sostienen que, al no establecer tampoco “adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, continuaría abriendo la puerta a actuaciones arbitrarias, como ha venido constatando Amnistía Internacional desde la entrada en vigor de esta Ley”, con el efecto desmovilizador de la protesta que ello conlleva. Además, sostiene Beltrán que seguiría sin atenderse a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”.

La organización, no obstante, sí reconoce algunos aspectos positivos en el acuerdo para la reforma, como la no sanción por falta de comunicación previa de manifestaciones “ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora”. En todo caso, se trata de una definición muy restringida de manifestación espontánea, y se posibilita la sanción a los organizadores si se causa “alteración del orden público”. Esto contradice las directrices de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que establecen que no debe responsabilizarse a los organizadores de una reunión por las acciones de otros participantes.

Material antidisturbios

Además, la organización valora positivamente que “deberán desarrollarse protocolos sobre uso de la fuerza y material antidisturbios”, aunque no se establece que deban ser públicos, así como la obligación de “utilizar siempre los medios menos lesivos” y evitar “aquellos que causen lesiones irreparables”, si bien Amnistía Internacional reitera su petición de que se prohíba expresamente el uso de las pelotas de goma, que son altamente imprecisas y, aseguran, “no se ajustan a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.

Abandono a las víctimas de trata

Amnistía lamenta que no se elimine el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual y las víctimas de trata se vean obligadas a ejercer la prostitución en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abusos y con menos posibilidades de pedir protección a las autoridades.

Asimismo, Amnistía lamenta que el Gobierno no aproveche esta reforma para eliminar la aparente cobertura legal dada por la Ley de Seguridad Ciudadana a las conocidas como devoluciones en caliente, y se limite a derivar esta cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.

Para Amnistía Internacional “una Ley de Seguridad Ciudadana que haga honor a su nombre debe, ante todo, garantizar los derechos de las personas que alzan la voz, expresan sus desacuerdos con políticas gubernamentales y defienden sus derechos reuniéndose de forma pacífica, y no se vean afectados por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad”. Para ello, creen que es necesario también que las actuaciones policiales puedan ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general, algo que, si la actuación es adecuada, no debe suponer ningún perjuicio para los agentes, por lo que la organización reclama la eliminación del artículo 36.23, que en el proyecto de ley solo se modifica parcialmente. Además, Amnistía Internacional asegura que ha documentado denuncias policiales contra activistas o periodistas “que han demostrado ser infundadas o falsas, sin sanción posterior para los agentes, lo que refuerza la impunidad de sus acciones y abre la puerta a futuras acciones ilegales”.