Un Rey unido a la Carta Magna

Tras la abdicación de su padre en 2014, el Rey Felipe VI asumió la Jefatura del Estado con la ejemplaridad y la moderación como bandera, unos retos que están definiendo su papel al frente de la Casa Real, a pesar de los acontecimientos políticos y personales con los que está lidiando. El monarca ha afrontado episodios duros en estos últimos años y ha sido diana de las críticas de formaciones políticas que directamente le han atacado desde el Consejo de Ministros, aun así no ha puesto en duda las competencias de los partidos para que digan lo que opinan y ha encajado con paciencia y entereza los juicios sobre la Institución. LA RAZÓN analiza con varios expertos la figura del monarca Felipe VI, el día después de pronunciar su tradicional discurso navideño.

«Es una persona enormemente responsable, muy cuidadosa y observadora de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y en esa observación y ese cuidado está el respeto absoluto a sus posibilidades constitucionales. No da un paso más allá de lo que le permite la Ley y la Constitución», asegura el diplomático Inocencio Arias. No en vano, es la Carta Magna la que establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El Rey, en su condición de jefe de Estado, simboliza la unidad y permanencia del Estado, ejerce una función arbitral y moderadora del funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. «Ha aprendido que él es un monarca constitucional y que la Constitución Española limita muy considerablemente las funciones del jefe del estado. Felipe VI es muy consciente de ello y lo lleva a rajatabla», apunta el diplomático.

De hecho, es un monarca pegado a la Constitución, según describen los expertos consultados por LA RAZÓN que subrayan el talante con el que Felipe VI está sorteando los ataques de los partidos antimonárquicos e independentistas. «Recibió críticas cuando dio un paso al frente por el desafío catalán, los independentistas dijeron que había tomado partido, pero yo creo que por encima de eso, está la unidad de España y él es el garante. Se le pueden hacer muy pocas críticas», afirma el experto en Casa Real, Fernando Rayón.

En su defensa de los valores constitucionales, Felipe VI dio en 2017 un paso al frente tras la celebración del referéndum ilegal en Cataluñaque calificó de «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas». Unas palabras de compromiso que resultaron clave y necesarias para la unidad de España. «Lo que hace el actual monarca –como hizo su padre– es, como rey de todos los españoles, intentar unificar y unir siempre así como limar asperezas», sostiene el doctor en Historia, Amadeo Rey .

Como «mando supremo de las Fuerzas Armadas», tal y como señala la Constitución, el apoyo del Rey a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es indudable. Además, comparte con ellos, el aprecio de la sociedad a ambas instituciones. «En general, en España, las instituciones que tienen poco poder real pero mucha autoridad suelen ser bien valoradas, uno es la Casa Real y otro, son las fuerzas armadas. Son instituciones que no están en la brecha política. El marco ‘con autoritas pero no con potestas’ funciona bien en España», describe el sociólogo experto en análisis demoscópicos, y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza. A las Fuerzas Armadas las hemos visto este año trabajando contra la tormenta Filomena en Madrid y a la Casa Real cerca de los damnificados por la erupción del volcán de La Palma. No en vano, si algo caracteriza a Felipe VI es su especial compromiso con la sociedad tanto en catástrofes ambientales como en la pandemia o en su firme y constante apoyo a las víctimas del terrorismo.

Felipe VI ha plantado cara a la inestabilidad política y también ha protegido la Corona. En este sentido, en un acto de transparencia redujo a la mínima expresión los miembros de la Familia Real. En aras de esa ejemplaridad, se bajó el sueldo y sometió las cuentas de la Casa Real a una auditoría externa. «Desde que asumió la Jefatura del Estado dos ‘leit motiv’ están guiado su reinado: uno de ellos es la transparencia y el otro la austeridad», señala Amadeo Rey. «Es una Monarquía barata, en comparación a otros países, respetuosa y no se extralimita», añade Inocencio Arias. Por su parte, Fernando Rayón es más crítico y apunta que todavía hay cuestiones en las que avanzar, como una futura Ley de la Corona.

Precisamente, el runrun de una posible regulación de la actividad de la Casa Real durante esta legislatura está siendo constante y recurrente. Sin visos de que prospere, lo que sí está sobre la mesa es una serie de reformas puntuales. Entre las posibilidades que se barajan y que encajan con esta voluntad de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa Real, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes. Otro de los aspectos sobre los que se trabaja es la revisión de la inviolabilidad del Rey y circunscribirla únicamente a su ámbito de actuación como jefe de Estado.

Por otro lado, si algo está diferenciando al reinado de Felipe VI con el de Juan Carlos I es que al actual jefe de Estado le está tocando lidiar con un Gobierno del que forma parte un partido que quiere acabar con la Monarquía. «Hasta ahora su padre había estado en otro escenario, con partidos que no deseaban cambiar el modelo de Estado. A este cambio de escenario, además, le ha tocado enfrentarse, desde un punto de vista personal, con la historia de su padre y todo lo que ha supuesto regular su fortuna», explica Rayón. «En otros países monárquicos, los republicanos dan su opinión sobre la Institución pero sin llevar a cabo un ataque como aquí», añade Inocencio Arias. En lo que los expertos coinciden es en que la Corona goza de buena salud y que el actual Jefe del Estado actúa con una profesionalidad intachable. Pese al estéril debate generado entre Monarquía y República, aseguran que se trata más de una estrategia política que de una realidad que preocupe a la sociedad española.