Sin acuerdo

El Supremo ve “gravísimo” que el CGPJ siga en funciones en 2022

Fuentes del alto tribunal, que tendrá una de cada cinco plazas vacante el próximo año, asumen que cuando se produzca el acuerdo entre PSOE y PP “será demasiado tarde”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos LesmesCabalarEFE

Tras más de tres años en funciones, la posibilidad de que la falta de acuerdo entre PSOE y PP prolongue aún más la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preocupa, y mucho, en el Tribunal Supremo. No en balde, terminará 2021 con doce vacantes por la imposibilidad del órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos –tras la reforma legal impulsada por socialistas y Unidas Podemos– cuando, como sucede desde diciembre de 2018, está en funciones.

Y en 2022 será aún peor, pues en los próximos meses se producirán cinco jubilaciones, con lo que el 20% de su plantilla (de 79 magistrados repartidos) estará sin cubrir si los dos principales partidos siguen dando la espalda al mandato constitucional.

Una situación que fuentes del alto tribunal consideran «gravísima» y ante la que admiten su preocupación «por el presente y por el futuro». Y es que, después de tres años de bloqueo, asumen que «cuando se arregle será demasiado tarde».

Más allá de las plazas vacantes, esas mismas fuentes muestran su malestar «sobre todo por tener que asimilar la normalidad institucional de que el Consejo haya duplicado prácticamente su mandato y tenga visos de convertirse en perpetuo». Y advierten del peligroso precedente que puede suponer esta anomalía con vistas a futuras renovaciones.

No obstante, puntualizan que existe un «desenfoque» respecto a la percepción del problema. «Esto no es un atentado contra la independencia judicial –subrayan–. Somos independientes con toda la plantilla y también con vacantes. No es un problema de independencia, sino de respeto al pacto constituyente y al órgano de gobierno de los jueces».

El escenario electoral, último escollo

Ahora, con las elecciones en Castilla y León el próximo febrero y un posible adelanto electoral también en Andalucía, las posibilidades de que PSOE y PP cierren un acuerdo se complican todavía más, pues tradicionalmente los partidos no acostumbran a refrendar pactos en periodos preelectorales. «Todo apunta a que la renovación se retrasará», asumen en el alto tribunal.

El propio Tribunal Supremo ya advirtió recientemente en un informe de su Gabinete Técnico de las consecuencias perniciosas de que esas vacantes no se puedan cubrir: está previsto que se dicten aproximadamente mil sentencias menos al año.

Por ahora, la Sala Penal es la única que se mantiene indemne, pues a día de hoy no tiene ninguna vacante por cubrir. Por contra, la más perjudicada es la Sala de lo Contencioso, con seis vacantes, seguida de la Sala Tercera (Social) con tres, la Militar (2) y la Sala Civil, con una.

“Insensibilidad” de los partidos

«La situación es absolutamente anómala y lo que demuestra es la insensibilidad de los partidos políticos ante la situación de tener un órgano constitucional paralizado en su función de efectuar nombramientos», apuntan fuentes de la Sala de lo Contencioso, que además subrayan que el bloqueo «frustra las legítimas expectativas de muchos jueces de aspirar a una plaza en el Supremo o a una presidencia de un tribunal superior».

En la Sala Tercera, las secciones que mayores problemas presentan por esta situación son la Segunda y la Quinta, pues además en el primer semestre de 2022 dos magistrados se jubilan, que entre otras cuestiones tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos del «procés» en Cataluña y es la encargada, además, de toda la litigiosidad que llega al TS por el cierre de negocios debido a la pandemia.